En el segundo día de la audiencia de imputación de cargos contra Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), la Fiscalía General de la Nación aseguró que Miguel Quintero daba órdenes directas sobre decisiones administrativas y contractuales dentro de la entidad, pese a no ocupar ningún cargo formal en la estructura institucional.
Durante la diligencia judicial, que se adelanta ante un juez de control de garantías de Medellín, el ente acusador sostuvo que Palacio no actuó de manera autónoma, sino que habría seguido instrucciones de terceros, entre ellos Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, lo que, según la Fiscalía, evidencia la existencia de una estructura organizada para direccionar contratos públicos.
Órdenes, nombramientos y contratos bajo la lupa
De acuerdo con la Fiscalía, los elementos materiales probatorios recopilados —entre ellos mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y declaraciones de testigos— indican que Miguel Quintero intervenía en decisiones clave, como nombramientos de funcionarios, priorización de contratos y manejo interno de la entidad metropolitana.
El fiscal del caso señaló que Juan David Palacio nombró a dos subdirectoras ambientales siguiendo instrucciones externas y omitió controles legales esenciales durante procesos contractuales, lo que facilitó la firma de convenios sin estudios previos suficientes ni justificación técnica clara.
El foco: contratos con los Bomberos de Itagüí
La investigación se centra en seis contratos celebrados entre 2020 y 2021 entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un valor superior a 18.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, estos convenios, suscritos bajo la figura de contratación directa, se habrían utilizado para desviar recursos públicos mediante actividades de apoyo logístico y operativo que no cumplían los principios de transparencia y selección objetiva.
El ente acusador también reveló que, al finalizar su gestión, Juan David Palacio habría ordenado borrar información de equipos institucionales, con el fin de eliminar rastros de los procesos contractuales cuestionados, una conducta que, para la Fiscalía, demuestra intención de ocultar pruebas.
Posible grupo delictivo organizado
Uno de los puntos más graves expuestos en la audiencia fue la solicitud de la Fiscalía para que se reconozca la existencia de un Grupo Delictivo Organizado (GDO), lo que permitiría agravar las responsabilidades penales de los implicados. Según el ente investigador, la reiteración de conductas, la coordinación entre varios funcionarios y la intervención de terceros externos configuran un esquema sistemático de corrupción.
En el proceso también aparecen vinculados otros exfuncionarios y contratistas, entre ellos exdirectivos del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, algunos de los cuales ya enfrentan medidas de aseguramiento.
La defensa y lo que sigue
Hasta el momento, Juan David Palacio no se ha allanado a los cargos, que incluyen peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado. La defensa ha insistido en que las decisiones se tomaron dentro del marco de la ley y que no existió subordinación a terceros.
La audiencia continuará en los próximos días, cuando el juez deberá decidir sobre medidas de aseguramiento y evaluar la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía, en un caso que podría tener repercusiones políticas y judiciales de alto impacto en Medellín y Antioquia.
