La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) abrió formalmente una investigación disciplinaria contra tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por presuntas irregularidades en el proceso que culminó con la absolución del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez en octubre de 2025.
La decisión fue notificada el 17 de febrero de 2026 y se dirige contra los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexándra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, por una posible violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades durante la deliberación y fallo absolutorio emitido el 21 de octubre de 2025.
La apertura de la investigación no es una acusación de culpabilidad, sino el inicio de un procedimiento que permitirá verificar si alguno de los togados incurrió en faltas disciplinarias que puedan haber afectado la imparcialidad y legalidad de la sentencia. El objeto de la CNDJ es determinar si hubo omisiones en la declaración de impedimentos o conflictos de interés al conformar la sala que analizó el recurso de apelación presentado por la defensa de Uribe.
Contexto del proceso judicial
El caso se remonta a julio de 2025, cuando la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, condenó a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, dentro de un proceso que investigaba la manipulación de testigos en causas vinculadas con grupos paramilitares y políticos.
Sin embargo, tres meses después, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó esa sentencia en segunda instancia. La razón principal fue que, a juicio de los magistrados, la Fiscalía no logró demostrar de manera suficiente la culpabilidad del exmandatario, ni probar que Uribe ordenara a su abogado, Diego Cadena, presionar a testigos para modificar sus versiones en su favor, como lo sostenía la acusación original.
La decisión de la sala superior generó fuertes reacciones en el ámbito político y jurídico del país, pues se trató de un fallo inusual y de alto impacto que anuló la condena inicial. La absolución de Uribe, quien además es una figura histórica de la política colombiana —expresidente entre 2002 y 2010 y senador— ha sido seguida de recursos ante la Corte Suprema de Justicia, incluida una solicitud de casación por parte de las víctimas y la Fiscalía para que esta instancia revise el fallo absolutorio.
Origen de la queja disciplinaria
La investigación disciplinaria tuvo origen en una queja ciudadana en la que se alega que uno de los magistrados habría debido declararse impedido debido a circunstancias que, según el denunciante, podrían haber afectado la imparcialidad del fallo. Antes de acudir al órgano disciplinario, la queja fue planteada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a través de una acción de tutela, que fue rechazada por no demostrar afectación directa a derechos fundamentales.
Con la apertura de la investigación en la jurisdicción disciplinaria, ahora la CNDJ podrá practicar pruebas, diligencias de verificación y evaluaciones más profundas para establecer si hubo incumplimiento de las normas constitucionales, ley estatutaria o código disciplinario que rigen la función judicial.
Perspectivas y repercusiones
Aunque la investigación está en su etapa inicial, su existencia representa un capítulo adicional en un proceso judicial que ha cambiado el panorama del sistema judicial colombiano y ha suscitado debates sobre la independencia de los jueces, el debido proceso, y el equilibrio entre la persecución de delitos y la protección de las garantías procesales de los investigados.
La complejidad del caso indica que el análisis de la actuación de los magistrados podría tardar meses, y en caso de encontrar faltas, se podrían aplicar sanciones disciplinarias que van desde llamados de atención hasta inhabilitaciones para ejercer funciones judiciales.
