Bogotá, 13 de febrero de 2026 — En medio de la intensa campaña presidencial en Colombia, nuevas revelaciones relacionadas con el caso de DMG Holding S.A., la pirámide financiera que estafó a cientos de miles de ahorradores en la década de 2000, han vuelto a poner la lupa sobre uno de los aspirantes más controvertidos: Abelardo de la Espriella. Recientes interceptaciones telefónicas que forman parte de las investigaciones de fútbol judicial contra DMG coinciden con las acusaciones de David Murcia Guzmán, fundador de la organización, de que De la Espriella —entonces su abogado— solicitó 760 millones de pesos para influir en congresistas.
Qué muestran las interceptaciones telefónicas
Según las grabaciones resguardadas en los archivos judiciales, que datan de 2008 y fueron usadas como prueba en el juicio contra los principales miembros de DMG, hay diálogos entre integrantes de la estructura que hacen referencia precisa a la suma de 760 millones de pesos y a la intención de mover «cosas» dentro del Congreso colombiano. En una de esas comunicaciones, una asistente del equipo de DMG le dice al segundo al mando que “Abelardo tiene que… mover unas cosas al interior del Congreso y que necesita 760”. En otra llamada, la tesorera del grupo confirma que ese dinero había sido autorizado.
Estas interceptaciones coinciden con la reciente entrevista de David Murcia Guzmán, quien desde la cárcel de La Picota volvió a denunciar a De la Espriella por haberle solicitado esa suma no solo como honorarios profesionales, sino con el objetivo explícito, según él, de influir en legisladores para que se opusieran a un proyecto de ley que penalizaba el transporte y almacenamiento de dinero en efectivo —una actividad esencial para el modelo de negocio de DMG.
La versión de David Murcia Guzmán
Murcia Guzmán, condenado por captación ilegal de dinero y lavado de activos en relación con la pirámide DMG, ha formalizado una denuncia disciplinaria contra De la Espriella ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. En su relato, afirma que el penalista se quedó con unos 5.000 millones de pesos que le había pagado como honorarios y que, además, le pidió otros 760 millones cuya finalidad, en palabras del propio Murcia, era “tocar congresistas” para que se opusieran a una normativa que ponía en riesgo operaciones de efectivo en el país.
En su crítica pública, Murcia ha calificado la conducta del abogado como una traición y abuso de confianza, señalando que De la Espriella no sólo habría cobrado de más, sino también dejado de representar de manera diligente sus intereses judiciales. Estos señalamientos se dan justo en un contexto electoral en el que De la Espriella lidera encuestas entre los candidatos de derecha, situándose como figura polarizadora en el debate sobre ética, corrupción y responsabilidad política.
Respuesta del candidato
Frente a estas acusaciones, el propio Abelardo de la Espriella, aspirante presidencial y abogado de larga trayectoria en Colombia, ha defendido su actuación alegando que su rol en casos como el de DMG fue estrictamente profesional y conforme al ejercicio legítimo de la abogacía. Su estrategia de defensa públicamente ha sido enfatizar que no existe una vinculación directa entre su desempeño legal y el destino de los fondos mencionados por Murcia, y que cuestionar a un abogado por el manejo de dinero de un cliente implica desconocer los principios de la defensa legal en un Estado de Derecho.
Contexto histórico de DMG y relevancia política
DMG, pionera en captación masiva de dinero sin autorización en Colombia, operó principalmente en la década de 2000 y fue intervenida por las autoridades tras múltiples denuncias de fraude y lavado de activos. Murcia Guzmán fue capturado en 2008 y posteriormente extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de activos. El caso se convirtió en uno de los escándalos financieros más grandes del país y sigue teniendo repercusiones políticas y legales, especialmente cuando resurgen testimonios y grabaciones que ponen en tela de juicio las relaciones entre actores legales y políticos del pasado.
En medio del debate electoral de 2026, las acusaciones han encendido un intenso debate sobre transparencia, corrupción y el papel del ejercicio profesional en la política, con una ciudadanía expectante sobre cómo estos hechos influirán en la percepción pública de los aspirantes.
