Las escuchas telefónicas autorizadas por la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación por el desfalco a la UNGRD desembocaron en un hecho inesperado: dos números registrados a nombre de Jaime Ramírez Cobo —amigo cercano de Laura Sarabia y padrino de su matrimonio— estaban siendo utilizados, respectivamente, por la entonces directora del Dapre y por el presidente Gustavo Petro. Según un informe citado por la revista Semana, al detectarse este cruce de líneas, los investigadores ordenaron detener de inmediato cualquier seguimiento, dada la imposibilidad legal de interceptar comunicaciones del jefe de Estado.
La reacción contrastó con antecedentes como el caso del expresidente Álvaro Uribe, cuyo teléfono fue interceptado por error durante semanas y cuyas grabaciones terminaron siendo validadas por la Corte en su momento. En esta ocasión, bastó la sospecha de que una de las líneas intervenidas pudiera pertenecer o estar en uso del presidente para que se cancelaran las escuchas de inmediato. La Corte también reiteró que ninguna conversación entre investigados y sus abogados puede usarse como prueba.
Un registro técnico citado en la investigación indica que el 1 de noviembre de 2024 se identificó una llamada del día anterior, de seis minutos y seis segundos, en la que el interlocutor se dirigía a la persona al otro lado de la línea como “señor presidente” y le agradecía explícitamente. Aunque el contenido no tenía relevancia penal, los investigadores informaron al despacho judicial que el número interceptado podría corresponder a Gustavo Petro, lo que activó la suspensión de la medida.
Este hallazgo ocurrió en medio de una operación mucho más amplia. Desde agosto de 2024, la Corte Suprema había ordenado interceptar teléfonos de varios congresistas de la Comisión de Crédito Público, señalados de favorecer millonarios créditos internacionales a cambio de contratos. Entre los investigados figuran los senadores Liliana Esther Bitar y Juan Pablo Gallo, los representantes Julián Peinado y Karen Manrique, y el excongresista Juan Diego Muñoz. Las escuchas se efectuaron durante casi un año en la sala Zeus Oro de la Fiscalía.
Los investigadores determinaron que los congresistas evitaban hablar de asuntos sensibles por llamadas tradicionales y preferían recurrir a aplicaciones de mensajería cifrada como WhatsApp. Los informes de la Policía Judicial señalan repetidamente que ese era el canal principal para intercambiar información comprometida.
En el listado de líneas intervenidas también apareció el teléfono de la madre de María Alejandra Benavides, testigo central del caso, porque la exasesora del Ministerio de Hacienda lo usaba para resguardar su privacidad. Asimismo, figuró Andrea Ramírez, jefa de Benavides, señalada de encargarle la gestión de la tabla de cupos indicativos, herramienta con la que presuntamente se negociaban obras públicas para fortalecer apoyos políticos.
La red de interceptados incluyó a Diana Carolina Martínez, secretaria de Olmedo López; a Jaime Ramírez Cobo; a los contratistas Óscar Cárdenas y Édgar Niño; y a Yacir Ramírez, exasesor de la UNGRD. La magnitud del listado muestra la dimensión de un proceso que podría convertirse en el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno.
Pese a los intentos de varios implicados por blindarse, algunas conversaciones revelaron la presión del proceso. Una síntesis de llamadas registró que a Juan Pablo Gallo le habrían advertido que podría ser capturado “en un mes”. En otra, el propio senador afirmó que lo investigaban por “ayudarle al ministro” y habló de persecución política. La representante Karen Manrique, señalada de escribir a mano el documento considerado la prueba central del caso, aseguró en una llamada que la Corte Suprema estaba “politizada” y que la justicia tenía un “sesgo político”. Por su parte, el excongresista Juan Diego Muñoz afirmó que el proceso se había vuelto “muy mediático” y que no participó “en pendejadas”, en alusión a los señalamientos que enfrentaba.
El episodio más sensible fue, sin embargo, el cruce de líneas que terminó involucrando indirectamente a la Casa de Nariño. Que una línea utilizada por el presidente Petro estuviera registrada a nombre de Jaime Ramírez Cobo, y que otra fuera usada por Laura Sarabia, encendió las alertas de los investigadores y motivó la orden inmediata de cancelar la interceptación. Según los documentos citados por Semana, aunque la llamada detectada no tuviera valor probatorio, la mera posibilidad de interceptar al presidente bastó para suspender cualquier monitoreo.
