La Agencia Nacional de Tierras (ANT) viene liderando una ofensiva contra la ilegalidad y la corrupción en el territorio nacional, con un enfoque prioritario en el departamento de Nariño. A través de acciones estratégicas enmarcadas en su misión institucional, la entidad busca blindar sus procesos y proteger a las comunidades rurales de redes criminales.
Cesar Santoyo, inspector de la gestión de tierras de la ANT, dio a conocer que la entidad ha redoblado esfuerzos en el acompañamiento de la transparencia y la lucha anticorrupción. La principal alerta se concentra en la detección de personas inescrupulosas que se hacen pasar por funcionarios o gestores de la agencia para estafar a los campesinos.
Desarrollar
“Se ha descubierto que en todo Colombia hay personas inescrupulosas que se hacen pasar por miembros de la agencia o gestores ante la misma para poder desarrollar el usufructo y generar el aprovechamiento económico de las personas que están en las regiones, sobre todo en el campo”, advirtió el funcionario.
Para contrarrestar este fenómeno, la ANT ha puesto en marcha una estrategia comunicativa con el fin de alertar a la población y evitar que más familias vulnerables caigan en estos engaños.
Llamado
La Oficina del Inspector juega un papel crucial en la recepción y análisis de estas irregularidades. El proceso de articulación judicial se activa bajo el siguiente protocolo:
Se analizan las denuncias que llegan formalmente al buzón de la página web oficial de la ANT, así como los hallazgos derivados de indagaciones internas de la entidad. Un equipo de abogados y abogadas de la oficina del Inspector asume el análisis riguroso de cada caso constatado y una vez consolidada la información y las pruebas, se presenta formalmente el caso ante la Fiscalía General de la Nación para que se inicien las investigaciones penales correspondientes.
La entidad reiteró el llamado a los habitantes del sector rural de Nariño y del resto del país a utilizar los canales oficiales de atención y a denunciar de inmediato cualquier cobro o sospecha de falsos tramitadores.
