La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció la instalación de nuevas cámaras de monitoreo vial en varios corredores estratégicos de la ciudad. Estos dispositivos, visibles en puentes vehiculares y peatonales, aparecieron en vías principales como la Autopista Norte, la Avenida Boyacá y la Calle 26. Su función inicial, según la entidad, es registrar el comportamiento del tráfico y apoyar la gestión de la movilidad.
Tipos de fotomultas instaladas
Las nuevas implementaciones incluyen tres tipos de equipos, cada uno con funciones técnicas específicas:
- Cámaras fijas: cuentan con un panel solar pequeño ubicado bajo el lente. Su objetivo es registrar imágenes del flujo vehicular.
- Radares amarillos: incorporan cámaras y sensores de velocidad, además de un panel solar más robusto. Están diseñados para medir velocidades promedio y puntuales.
- Sensores con pantalla: muestran al conductor la velocidad permitida (50 km/h en la mayoría de corredores) y la velocidad exacta del vehículo que transita.
Estos dispositivos se integran al sistema de control y monitoreo de la ciudad, que ya incluye cámaras de videovigilancia y radares de movilidad.
¿Son cámaras de fotomultas?
La Secretaría de Movilidad explicó que las nuevas cámaras no están configuradas para emitir fotomultas. Su uso, por ahora, es técnico: recolección de datos, medición de velocidades y análisis del comportamiento vial.
Aun así, la aparición repentina de estos dispositivos ha generado inquietud entre conductores y ciudadanos, quienes temen que puedan convertirse posteriormente en puntos de sanción. Este debate surge en un contexto donde el sistema de fotodetección en Bogotá ya ha sido cuestionado por errores administrativos, fallos de calibración y comparendos considerados injustos.
Reacciones ciudadanas
Entre los usuarios de la vía persisten dudas sobre el propósito real de los equipos. Para algunos, su presencia aumenta la percepción de vigilancia; para otros, la falta de claridad inicial genera desconfianza, especialmente considerando antecedentes de cámaras con permisos vencidos o fallas operativas registradas en la ciudad.
A pesar de estas inquietudes, las autoridades indican que su implementación responde a necesidades de seguridad vial y planeación del tráfico, no a procesos sancionatorios automáticos.