El funcionario habría sido sorprendido y detenido en flagrancia durante un operativo.
Redacción Extra
En el municipio de Duitama, la captura en flagrancia del inspector de tránsito William Alexander Camargo, adscrito a la Secretaría de Tránsito y Transporte, ha generado cuestionamientos más allá del hecho judicial, al involucrar posibles implicaciones administrativas y políticas dentro del actual gobierno local. De acuerdo con la información oficial emitida el 10 de abril de 2026 por la Alcaldía de Duitama, el funcionario fue sorprendido y detenido en flagrancia durante un operativo, en medio de un presunto caso de extorsión que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Tras conocerse la situación, la Administración Municipal aseguró haber activado de inmediato los protocolos institucionales y reiteró su rechazo frente a cualquier acto de corrupción. Sin embargo, el caso ha generado una reacción crítica en distintos sectores ciudadanos, debido a que el inspector no sería un funcionario ajeno a la actual administración. Según versiones conocidas públicamente, Camargo habría sido vinculado durante el presente gobierno y habría acompañado procesos desde la etapa de empalme, lo que abre el debate sobre los filtros, controles y criterios en la designación de personal en cargos sensibles. Aunque desde la Alcaldía se ha insistido en que se trata de un hecho individual que no representa los principios institucionales, el contexto ha llevado a que la ciudadanía exija no sólo pronunciamientos de rechazo, sino también explicaciones más profundas sobre la relación del implicado con la estructura administrativa y las medidas preventivas existentes. Desde el punto de vista legal, el funcionario podría enfrentar una pena de entre 12 y 20 años de prisión, además del pago de multas económicas, en caso de ser hallado responsable del delito de extorsión. A esto se sumarían posibles sanciones disciplinarias como la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, especialmente si se comprueba que utilizó su posición para cometer la conducta investigada. El caso también reabre la discusión sobre los mecanismos de control interno en entidades territoriales de Boyacá, particularmente en dependencias que tienen contacto directo con la ciudadanía y donde el riesgo de abusos de poder puede ser mayor. En este sentido, la Administración anunció el fortalecimiento de medidas de seguimiento y transparencia.
Mientras avanzan las investigaciones, la ciudadanía espera respuestas claras y decisiones concretas que no solo se limiten al rechazo institucional, sino que permitan establecer responsabilidades reales. En escenarios como este, la confianza pública no solo depende de la reacción ante los hechos, sino de la capacidad de prevenirlos y sancionarlos con contundencia. Por ahora, el proceso continúa en etapa de investigación y será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad penal del inspector, bajo el principio de presunción de inocencia.
