El reciente informe presentado por el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Scott Campbell, vuelve a poner sobre la mesa una realidad que, aunque incómoda, no puede seguir siendo ignorada: en amplias zonas del departamento de Nariño, especialmente en los municipios de la costa pacífica, el conflicto armado no solo persiste, sino que continúa dejando una profunda huella de dolor, miedo y vulneración sistemática de derechos.
Resulta alarmante que, a pesar de los esfuerzos institucionales y los discursos sobre paz y seguridad, en estos territorios la violencia siga siendo parte de la vida cotidiana. El reclutamiento de menores, los desplazamientos forzados, las amenazas y las múltiples formas de intimidación evidencian que los grupos armados ilegales mantienen un control efectivo sobre comunidades enteras. No se trata de hechos aislados, sino de una dinámica estructural que refleja la fragilidad del Estado en estas regiones.
La presencia nutrida de actores armados, que imponen normas y castigos a su antojo, ha generado un ambiente de temor constante. En este contexto, se configura una peligrosa “ley del silencio”, donde las víctimas prefieren callar antes que exponerse a represalias. La ausencia de denuncias no significa ausencia de hechos; por el contrario, es una señal clara de que el miedo ha logrado imponerse sobre la justicia. Esta situación dificulta la acción de las autoridades y perpetúa un círculo vicioso de impunidad.
No es casualidad que estos escenarios de violencia coincidan con territorios históricamente abandonados por el Estado. La falta de inversión social, la escasa presencia institucional y la limitada oferta de servicios básicos han convertido a estas zonas en terreno fértil para el accionar de grupos ilegales. Cuando el Estado no llega con educación, salud, oportunidades y seguridad, otros actores ocupan ese vacío, generalmente mediante la coerción y la violencia.
El informe de Campbell no debe ser entendido como una simple advertencia, sino como un llamado urgente a la acción. Es necesario reconocer que la recuperación de estos territorios no puede limitarse a una respuesta militar. Si bien la seguridad es un componente esencial, resulta insuficiente si no va acompañada de una estrategia integral que incluya desarrollo social, fortalecimiento institucional y participación comunitaria.
Priorizar a Nariño, especialmente a su región costera, implica diseñar e implementar políticas públicas sostenidas en el tiempo, que atiendan las causas profundas del conflicto. Se requiere garantizar la protección de la niñez, evitar el reclutamiento forzado y ofrecer alternativas reales de vida para los jóvenes. Asimismo, es fundamental generar condiciones para que las comunidades puedan denunciar sin temor, lo que implica fortalecer los mecanismos de protección a líderes sociales y víctimas.
El silencio no puede seguir siendo la única respuesta de quienes padecen la violencia. Romper esa barrera exige confianza en las instituciones, y esa confianza solo se construye con presencia efectiva del Estado y resultados tangibles. La justicia debe ser visible y accesible, y los responsables de violaciones a los derechos humanos deben enfrentar consecuencias.
En definitiva, lo que ocurre en Nariño no es un problema local, sino un reflejo de las deudas históricas del país con sus regiones más apartadas. Ignorar esta realidad sería permitir que la violencia continúe arraigándose. Atenderla, en cambio, representa una oportunidad para avanzar hacia una paz más real y duradera, donde los derechos humanos dejen de ser una aspiración y se conviertan en una garantía para todos.
