Este miércoles 8 de abril comenzó formalmente el juicio contra el representante a la Cámara por Boyacá, Pedro José Suárez Vacca, en un proceso que adelanta la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La diligencia judicial, dirigida por la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, marca el inicio de la etapa de juzgamiento dentro de la investigación por el presunto delito de prevaricato por acción agravada en modalidad continuada.
Los hechos investigados se remontan al período en que Suárez Vacca ejercía como Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Tunja, responsabilidades que incluían la supervisión y aprobación de decisiones judiciales relacionadas con la ejecución de sentencias y medidas de seguridad. Durante la primera audiencia, la Corte escuchó el testimonio de dos abogadas que hicieron parte del mismo despacho judicial, quienes entregaron sus versiones sobre el funcionamiento interno de la oficina y las decisiones adoptadas durante la gestión del hoy congresista. Sus declaraciones buscan aclarar si hubo irregularidades en la toma de decisiones que puedan constituir el delito que se le imputa.
Por su parte, la defensa de Suárez Vacca, encabezada por el abogado José María Pedraza, centró su intervención en cuestionar y contrastar declaraciones previas entregadas ante la Fiscalía, haciendo especial énfasis en el contexto laboral y organizacional del despacho judicial en la época en que el congresista desempeñaba sus funciones como juez. Pedraza destacó aspectos relacionados con la interpretación de la normativa vigente y la discrecionalidad judicial que, según la defensa, podrían explicar las actuaciones de Suárez Vacca sin que se configurara un delito.
La audiencia de este miércoles sirvió además para establecer el cronograma de la etapa de juzgamiento, que continuará el próximo 20 de abril a las 4:00 de la tarde. En esa fecha, se dará paso a los alegatos de la defensa, una fase clave que podría influir de manera decisiva en el rumbo del caso. Expertos judiciales señalan que la resolución de este juicio será determinante no solo para el futuro político del congresista boyacense, sino también para la confianza en la transparencia de las decisiones judiciales adoptadas en años anteriores.
El caso mantiene la atención del país, dada la relevancia del funcionario y las posibles implicaciones legales derivadas del proceso.
