La Procuraduría General de la Nación ratificó la sanción de destitución e inhabilidad por 15 años contra Sandra Patricia Ortiz Garzón, exsecretaria de Desarrollo Social de un municipio en Tolima, tras comprobarse su participación indebida en política al apoyar en 2019 la candidatura de Rosmery Martínez Rosales a la Gobernación del departamento.
Según la decisión de segunda instancia, emitida por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, Ortiz Garzón incurrió en una falta gravísima cometida con dolo al aprovechar su cargo para presionar a dos contratistas, previamente recomendadas por Emilio Martínez Rosales —hermano de la candidata—, para que entregaran parte de sus honorarios y así financiar gastos de campaña.
La Procuraduría evidenció que la funcionaria actuó de forma sistemática y reiterada al informar a las contratistas que solo recibirían $1.700.000 del valor total de sus contratos. El monto restante debía ser devuelto para cubrir supuestos costos de papelería y refrigerios relacionados con la actividad proselitista.
Además, se comprobó que Ortiz Garzón acudió personalmente a la oficina de Emilio Martínez Rosales, ubicada en la sede del partido Cambio Radical, donde se coordinaban los asuntos electorales de su hermana, para gestionar el pago de los valores exigidos a las contratistas.
El Ministerio Público concluyó que hubo una clara instrumentalización del cargo para fines políticos, y por tanto, la sanción disciplinaria queda en firme. La decisión subraya la gravedad de utilizar recursos públicos y el poder institucional para influir en procesos electorales.