Usuarios denuncian cobros altos y falta de control.
Redacción Extra
Tunja enfrenta actualmente un debate ciudadano en torno al costo del servicio de aseo y la forma en que se estructura el sistema de manejo de residuos sólidos en la capital boyacense. Diversos usuarios han manifestado su inconformidad con el cobro asociado al aprovechamiento de residuos, argumentando que, en la práctica, las acciones de reciclaje y recuperación de materiales en la ciudad siguen siendo limitadas. Según estas apreciaciones ciudadanas, se estaría cobrando un componente del servicio que no se refleja plenamente en la operación diaria. A estas inquietudes se suma una discusión sobre la estructura del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), el cual, de acuerdo con observaciones comunitarias, concentra varios de sus programas en un mismo operador del sistema de disposición final.
En total, se señala que la empresa encargada del relleno sanitario estaría a cargo de 8 de los 13 programas del PGIRS, lo que ha generado cuestionamientos sobre la diversidad de operadores y la competencia en la prestación del servicio. En este contexto, algunos ciudadanos consideran que esta concentración podría ir en contravía del principio de libre competencia establecido en la Ley 142 de servicios públicos, que busca promover eficiencia, calidad y mejores tarifas a través de la participación de múltiples prestadores. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido acompañadas de pronunciamientos oficiales recientes que confirmen o desmientan dichas preocupaciones.
Otro punto de discusión se relaciona con la justificación de las tarifas del servicio de aseo. Usuarios consultados aseguran que, cuando se solicitan explicaciones sobre los costos, la respuesta institucional suele basarse en las resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). No obstante, líderes comunitarios advierten que la existencia de regulación no debería convertirse en un argumento único para la fijación de cobros sin mayor revisión del impacto real en los hogares. Desde una perspectiva ambiental, diferentes voces locales plantean la necesidad de fortalecer políticas de economía circular que permitan reducir la cantidad de residuos enviados al relleno sanitario. Entre las propuestas más reiteradas se encuentran la separación en la fuente, el aprovechamiento de residuos orgánicos y el impulso a cadenas de reciclaje que conviertan los desechos en insumos útiles como abonos o materias primas industriales.
Asimismo, se insiste en la importancia de fortalecer el componente educativo y la conciencia ciudadana para disminuir la generación de residuos desde el origen. A esto se suma la solicitud de una mayor apertura del sistema a nuevos operadores, con el fin de promover competencia y mejorar la eficiencia del servicio. Finalmente, la discusión en Tunja refleja un debate más amplio sobre la sostenibilidad del modelo actual de manejo de residuos y la necesidad de ajustar políticas públicas que garanticen transparencia, eficiencia y tarifas acordes con la calidad del servicio que reciben los usuarios.
