La incertidumbre se ha instalado con fuerza en el departamento de Nariño. A escasos 39 días de la jornada electoral, los recientes hechos de violencia han encendido las alarmas en una región que ya venía enfrentando profundas tensiones en materia de orden público. La muerte de tres uniformados en Ipiales, causada por el uso de drones, y el grave caso de cuatro menores heridos por minas antipersona en Olaya Herrera, en la costa pacífica, son señales claras de un deterioro que no puede ser minimizado.
Estos acontecimientos no solo representan tragedias humanas irreparables, sino que también evidencian la sofisticación y persistencia de los actores armados ilegales en el territorio. El uso de drones para perpetrar ataques marca un preocupante punto de inflexión en las dinámicas del conflicto, mientras que la presencia de minas antipersona continúa afectando a la población civil, especialmente a los más vulnerables, como los niños.
El contexto en el que ocurren estos hechos es particularmente delicado. La cercanía de las elecciones convierte a Nariño en un escenario donde la violencia puede incidir directamente en la participación ciudadana, generar miedo y limitar el ejercicio democrático. La posibilidad de que estos episodios deriven en una ruptura de las mesas de diálogo y negociación existentes no es menor. Por el contrario, se trata de un riesgo latente que podría tener consecuencias profundas y duraderas.
La eventual ruptura de los procesos de paz implicaría, entre otras cosas, la reanudación abierta del conflicto armado en varias zonas del departamento. Asimismo, significaría la reactivación de órdenes de captura contra cabecillas de grupos armados, lo que podría desencadenar una escalada de confrontaciones entre las fuerzas del Estado y estas estructuras ilegales. Este escenario no solo agravaría la situación de seguridad, sino que también afectaría gravemente a las comunidades que ya viven en condiciones de vulnerabilidad.
Resulta inevitable que estos hechos sean interpretados por muchos como un indicio del fracaso de la política de “paz total”. Si bien esta apuesta ha buscado abrir espacios de diálogo con diversos actores armados, la persistencia de acciones violentas como las recientes pone en entredicho su efectividad en territorios complejos como Nariño. La ciudadanía observa con preocupación cómo, pese a los esfuerzos institucionales, la violencia no cede y, en algunos casos, parece intensificarse.
Sin embargo, más allá de los debates políticos, lo urgente es garantizar la protección de la población civil y asegurar condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo de las elecciones. El Estado tiene la responsabilidad de reforzar su presencia en las zonas más afectadas, no solo desde un enfoque militar, sino también mediante acciones integrales que atiendan las causas estructurales del conflicto, como la pobreza, la falta de oportunidades y la débil institucionalidad.
La comunidad internacional y los organismos de control también tienen un papel clave en este momento crítico. Su acompañamiento puede contribuir a generar confianza y a monitorear el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los procesos de diálogo. Asimismo, es fundamental escuchar a las comunidades locales, que son las principales afectadas y quienes mejor conocen las dinámicas del territorio.
Nariño se encuentra en una encrucijada. Los hechos recientes son un recordatorio de que la paz es un proceso frágil, que requiere coherencia, voluntad política y acciones concretas. Permitir que la violencia escale en este momento podría tener consecuencias devastadoras no solo para el departamento, sino para el país en su conjunto. La incertidumbre, hoy más que nunca, exige respuestas claras, decisiones firmes y un compromiso real con la vida y la democracia. El futuro de Nariño no puede quedar a merced del miedo ni de la
