Colombia enfrenta múltiples emergencias al mismo tiempo. Mientras continúan los esfuerzos para atender las consecuencias del terremoto, distintos territorios del país permanecen bajo presión por los incendios forestales, que en los últimos días llegaron a superar los 36 focos activos de manera simultánea. Al 22 de agosto, la UNGRD reportaba 14 incendios forestales activos y, solo en el Tolima, cerca de 22 mil hectáreas de cobertura vegetal afectadas. A este escenario se suma que el IDEAM mantenía alrededor de 500 municipios bajo algún nivel de alerta por amenaza de incendios, 339 de ellos en alerta roja.
Las altas temperaturas, las menores lluvias y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño pueden favorecer la propagación de los incendios, pero no los originan por sí solas ni explican la magnitud de sus impactos. Las causas de cada evento deben establecerse individualmente y la prevención requiere actuar también sobre las fuentes evitables de ignición, las prácticas de riesgo y las condiciones del territorio que pueden hacer que un incendio se convierta en desastre.
“No podemos evitar un terremoto ni controlar el comportamiento de El Niño u otros fenómenos que generan amenazas, pero sí podemos prevenir muchas de las condiciones que favorecen que un incendio o una amenaza comience y reducir las vulnerabilidades que hacen que se convierta en un desastre. Eso exige fortalecer la prevención en pos de proteger los ecosistemas, planificar mejor el territorio y fortalecer las capacidades locales. Cuando un territorio tiene tantas emergencias climáticas, no se pierde únicamente vegetación: también se afectan el agua, los suelos, la biodiversidad, los medios de vida y las condiciones de vida de las comunidades”, afirma Laura Caicedo Valencia, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia.
Incendios, fenómeno del niño y otras amenazas: Greenpeace pide fortalecer la prevención del riesgo
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Los incendios también ponen en riesgo el agua y la biodiversidad
La emergencia adquiere una dimensión aún mayor cuando el fuego alcanza ecosistemas estratégicos. En zonas de alta montaña y páramo, como las asociadas al Parque Nacional Natural Los Nevados, los incendios no solo representan una amenaza para especies y coberturas vegetales: también pueden afectar la regulación hídrica, los suelos y la capacidad de recuperación de territorios fundamentales para millones de personas.
Los páramos cumplen una función esencial en la regulación y almacenamiento del agua, mientras que especies como los frailejones son especialmente sensibles al fuego y pueden presentar procesos de recuperación lentos después de un incendio.Proteger estos territorios del fuego significa también proteger el agua, la biodiversidad y a las comunidades que dependen de ellos.
La situación es especialmente relevante en territorios que enfrentan múltiples amenazas simultáneamente. En el Eje Cafetero, por ejemplo, comunidades que todavía enfrentan las consecuencias del terremoto también están expuestas a incendios y condiciones de alta amenaza. Para Greenpeace, esta realidad evidencia la necesidad de contar con instituciones y comunidades preparadas para gestionar riesgos múltiples y simultáneos. Un país que enfrenta varias emergencias al mismo tiempo necesita capacidades de prevención que reduzcan la presión sobre comunidades e instituciones antes de que ocurran los desastres.
Entre el 16 de junio y el 6 de agosto, la UNGRD registró 438 incendios en 191 municipios de 19 departamentos, con aproximadamente 7.153 hectáreas de cobertura vegetal afectadas. Al citar estas cifras, Greenpeace señala la importancia de hablar de cobertura vegetal, dado que no toda el área afectada corresponde necesariamente a bosque.
Estos datos deben llevar a una discusión de fondo sobre las capacidades de prevención del país. Gestionar el riesgo no significa únicamente responder cuando aparece el fuego: implica prevenir, prepararse, responder y recuperar. Esto requiere incorporar el riesgo en la planificación territorial, fortalecer el monitoreo y las capacidades locales, proteger fuentes hídricas, suelos y vegetación nativa y garantizar recursos adecuados tanto para la prevención como para la respuesta.
También requiere reconocer el conocimiento de las comunidades que habitan los territorios y las desigualdades que determinan la forma en que se experimentan los desastres. Las comunidades rurales y aquellas con menor acceso al agua, infraestructura, recursos y capacidad institucional pueden enfrentar impactos mucho mayores y procesos de recuperación más lentos. Por eso, para Greenpeace, la prevención también es una cuestión de justicia ambiental: debe combinar capacidad institucional, conocimiento territorial, participación comunitaria y planificación de largo plazo.
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Finalmente, las entidades distritales invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo mediante los canales del sistema ‘Bogotá te Escucha’ y los frentes de seguridad comunitaria. Además, las plataformas digitales oficiales de la Alcaldía Mayor difunden videos y reportes actualizados sobre los operativos desarrollados en el perímetro urbano. De igual forma, las autoridades locales recuerdan que el trabajo articulado entre la comunidad y los investigadores resulta vital para desmantelar la delincuencia. En efecto, la lucha sostenida contra el tráfico de estupefacientes consolida la tranquilidad en los barrios de Bogotá.
Greenpeace pide pasar de la reacción a la prevención
Ante este escenario, Greenpeace hace un llamado a las autoridades nacionales y territoriales a:
- Traducir la declaratoria de desastre y los recursos anunciados en una estrategia preventiva de largo plazo, con metas, responsables, cronogramas y presupuesto verificables.
- Hacer públicos los avances y recursos destinados a la prevención de incendios en los territorios priorizados.
- Incorporar la gestión del riesgo en la planificación territorial y en las decisiones sobre el uso del suelo.
- Proteger de manera prioritaria los ecosistemas estratégicos, las fuentes hídricas, los suelos y la vegetación nativa.
- Fortalecer las capacidades de las comunidades para identificar riesgos, prepararse y participar en las decisiones sobre sus territorios y su recuperación.
- Garantizar recursos suficientes y sostenidos para la prevención y la respuesta, evitando que la inversión se concentre únicamente en atender las emergencias una vez ocurren.
- Acompañar la recuperación de los territorios después de los incendios.
Colombia enfrenta un escenario de multiamenaza en un momento especialmente crítico: El Niño continúa fortaleciéndose y aún no ha alcanzado el periodo proyectado de mayor intensidad, mientras el país ya enfrenta incendios, presión sobre sus recursos hídricos y territorios que siguen recuperándose de desastres recientes.
Ante este panorama, la pregunta es inevitable: ¿qué tan preparado está el Estado colombiano para enfrentar lo que viene? El desafío es pasar de responder emergencia tras emergencia mediante decretos a construir una política clara de prevención y gestión del riesgo, con financiamiento suficiente, capacidades locales fortalecidas y una mirada de largo plazo que permita preparar realmente al país frente a amenazas cada vez más complejas y simultáneas.
