Durante el desarrollo de operaciones de control y seguridad fluvial adelantadas en la bahía de Tumaco, la Armada Nacional incautó 6.5 toneladas de camarón congelado y más de 500 galones de gasolina que, al parecer, eran transportados a bordo de una embarcación sin los permisos respectivos y tratamiento adecuado para este producto.
Según lo mencionado por el comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 40, teniente coronel Jairo Rincón Sánchez, información de inteligencia naval, guió a las tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 40 adscritas a la Brigada de Infantería de Marina No. 4, a bordo de unidades fluviales, quienes localizaron e interceptaron una motonave tipo metrera de nombre “Eymi Camila” de bandera colombiana, mientras navegaba en el sector de Bocagrande en la bahía de Tumaco.
Durante la inspección, los tripulantes de la motonave no presentaron la documentación legal que acreditara la autorización para la exportación y transporte del alimento, al parecer procedente Ecuador, por lo que se les notificó que debían ser escoltados hasta la Capitanía de Puerto de Tumaco con el fin de corroborar la legalidad de la mercancía (camarón y gasolina), teniendo en cuenta que, además del pago de impuestos, las embarcaciones deben contar con la certificación sanitaria del producto para evitar riesgos en la salud del consumidor.
Persuasión económica
Cuando eran escoltados hacia la Capitanía, los sujetos intentaron persuadir económicamente al personal de la Armada de Colombia, ofreciendo dádivas a cambio del paso de la embarcación, ante la negativa, los hombres abandonaron la motonave emprendiendo la huida en dos lanchas que de manera violenta hicieron presencia en el lugar.
El personal militar condujo la embarcación hasta el puerto, procediendo con la incautación de 504 cajas de camarones y 10 canecas plásticas con 55 galones de gasolina cada una, las cuales fueron puestas a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Tumaco, Dian, logrando una afectación económica de 206 millones de pesos que dejaron de ingresar a las finanzas de organizaciones dedicadas al contrabando.