Entre las especies decomisadas hay maderas nativas de alto valor ecológico.
Las autoridades ambientales encendieron las alertas en la región ante el incremento en la explotación y movilización irregular de madera, una práctica que en los últimos meses ha mostrado un aumento significativo y que afecta directamente los recursos naturales del territorio. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en articulación con la Policía de Carabineros y la Policía Ambiental, se logró la incautación preventiva de 33 metros cúbicos de madera en diferentes jurisdicciones. La mayor parte del material, equivalente a 29,1 metros cúbicos, fue decomisado en la regional de Chiquinquirá, zona donde se concentra una alta incidencia de este tipo de actividades ilegales. Las autoridades señalaron que esta situación preocupa especialmente por el impacto ambiental que genera la tala y el transporte sin autorización de especies forestales, muchas de ellas fundamentales para el equilibrio ecológico de la región. Según el vocero de la entidad, Yiber González, se evidencia un incremento sustancial en el aprovechamiento y movilización de madera, lo que obliga a reforzar los controles en campo y las acciones de prevención. “Estamos muy preocupados por el incremento sustancial que se ha venido generando en el aprovechamiento y movilización de especies en la región”, manifestó González, quien además insistió en la importancia de fortalecer la conciencia ciudadana frente a la protección de los recursos naturales. Dentro de las especies incautadas se encuentran maderas nativas como el cedro de montaña y el frijolito, consideradas de alto valor ecológico. También se hallaron especies introducidas como eucalipto y pino. Frente a estas últimas, la autoridad ambiental aclaró que, aunque en algunos casos se argumenta que su tala podría contribuir a la recuperación de suelos, la normativa vigente exige permisos específicos tanto para su aprovechamiento como para su transporte. La CAR recordó que el manejo de productos forestales está regulado por el Decreto 1076 de 2015, el cual establece dos etapas fundamentales: el aprovechamiento forestal y la movilización de la madera. Cada una de estas fases requiere autorizaciones previas, con el fin de garantizar un control adecuado y evitar la explotación ilegal de los recursos.
