Las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública en el suroccidente del país han propinado un nuevo golpe a la estructura logística de los grupos armados ilegales. La Armada de Colombia, en una labor coordinada con la Policía Nacional, logró el hallazgo y la neutralización de un masivo depósito ilegal de explosivos en la zona rural del municipio de Tumaco, evitando lo que pudo haber sido una tragedia de grandes proporciones para la infraestructura vial y la población civil.
El operativo se gestó a partir de minuciosas labores de inteligencia técnica y humana que permitieron a las tropas de la Cuarta Brigada de Infantería de Marina identificar un punto de acopio estratégico. El despliegue se centró en la vereda La Espriella, específicamente a la altura del kilómetro 50 de la vía nacional que comunica a Tumaco con Pasto, un corredor vital para el comercio y la movilidad del departamento.
Vegetación
Al llegar al sitio, las unidades militares y de policía aseguraron el perímetro, encontrando ocultos entre la vegetación ocho costales que contenían un total de 500 kilogramos de sustancias explosivas. Personal experto de la Sijín realizó las pruebas técnicas de campo, confirmando que se trataba de materiales de fabricación artesanal con una altísima capacidad de onda expansiva y fragmentación.
Según la información suministrada por el comandante de la Cuarta Brigada, coronel de Infantería de Marina Jorge Enrique González, las investigaciones preliminares apuntan a que este material pertenecía al Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Frente Iván Ríos, estructura criminal que mantiene una fuerte injerencia en la región.
La utilización de este tipo de explosivos artesanales es motivo de máxima preocupación para las autoridades, ya que estos elementos carecen de control de precisión y se convierten en minas antipersonal que afectan indiscriminadamente a campesinos, niños y comunidades étnicas de la región.
Violación
La Armada de Colombia fue enfática en rechazar contundentemente estas intenciones terroristas, señalando que el almacenamiento y uso de estos artefactos constituye una violación directa a los Derechos Humanos y una infracción grave al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Con este resultado, la Institución Naval ratifica su compromiso de mantener e intensificar las operaciones en el Pacífico nariñense, con el objetivo de desarticular las cadenas de suministro de los grupos ilegales y salvaguardar la vida y el orden público en una de las zonas más estratégicas del país.
Las autoridades instaron a la comunidad a continuar utilizando las líneas de denuncia ciudadana para informar sobre cualquier elemento extraño o presencia de personas sospechosas en la vía.
