Las autoridades venezolanas avanzaron en el proceso judicial contra dos de los principales señalados por la muerte de Yulixa Toloza, la colombiana fallecida tras someterse a un procedimiento estético clandestino en el sur de Bogotá. Aunque inicialmente una jueza contempló concederles la libertad, posteriormente se ordenó mantenerlos bajo aseguramiento mientras continúan las investigaciones.
Los imputados son María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, propietarios del establecimiento ilegal “Beauty Láser”, donde Yulixa habría presentado graves complicaciones médicas luego de una lipólisis láser. Ambos fueron capturados en el estado Portuguesa, Venezuela, tras una operación coordinada entre autoridades venezolanas y organismos internacionales.
De acuerdo con medios locales, la jueza Lisbeth Karina Díaz Uscátegui consideró inicialmente otorgarles una medida de excarcelación debido a que el delito imputado en Venezuela, resistencia a la autoridad, no contempla prisión preventiva obligatoria. Sin embargo, poco después se ordenó mantenerlos detenidos mientras se revisa la solicitud de extradición presentada por Colombia.
Investigación internacional
La muerte de Yulixa Toloza se convirtió en uno de los casos más impactantes de las últimas semanas en Colombia. La mujer, de 52 años, acudió al centro estético clandestino ubicado en el barrio Venecia de Bogotá para realizarse un procedimiento corporal. Según la Fiscalía colombiana, tras sufrir complicaciones no habría recibido atención médica adecuada y posteriormente su cuerpo fue abandonado en una zona rural de Apulo, Cundinamarca.
Las investigaciones también revelaron presuntos intentos de ocultar pruebas. Cámaras de seguridad y rastros biológicos encontrados en un vehículo fueron claves para rastrear a los sospechosos. Dos hombres capturados en Colombia son señalados de intentar desaparecer el automóvil utilizado para trasladar a la víctima.
Obstáculos judiciales
Uno de los puntos más complejos del caso es el proceso de extradición. Expertos señalan que la Constitución venezolana limita la entrega de ciudadanos venezolanos a otros países, lo que podría retrasar o dificultar que los implicados sean juzgados en Colombia.
Mientras tanto, la Fiscalía colombiana continúa recopilando pruebas y testimonios para esclarecer completamente lo ocurrido dentro del centro estético clandestino. El caso también abrió nuevamente el debate sobre el aumento de clínicas ilegales y los riesgos de procedimientos realizados sin controles médicos adecuados.
