Un hombre capturado en flagrancia con 4,5 kilogramos de lo que sería pasta base de coca en el corregimiento El Plateado, jurisdicción de Argelia, y trasladado a Popayán (Cauca) habría sido retornado por vía aérea al lugar de la detención por orden del entonces comandante del Comando Específico del Cauca (CECAU), brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, quien presuntamente consideró improcedente la captura.
El 31 de enero de 2024, integrantes del Ejército Nacional aprehendieron a esa persona mientras llevaba la sustancia y posteriormente la movilizaron a Popayán para adelantar el proceso de judicialización ante la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida, el oficial presuntamente ordenó el retorno del detenido y de la pasta base de coca a El Plateado, y coordinó los recursos logísticos y operacionales para realizar el desplazamiento en un helicóptero UH-60 de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional y su apoyo aéreo FAC-4125.
La actuación atribuida al brigadier general Mejía Torres impidió que el capturado fuera puesto a disposición de la autoridad judicial competente y que la pasta base de coca se sometiera al procedimiento de incautación y de cadena de custodia correspondiente. En ese sentido, es señalado de interferir en el desarrollo de la investigación penal.
Adicionalmente, se conoció que en su condición de comandante habría elaborado dos informes, del 19 de octubre de 2025 y el 10 de marzo de 2026, respetivamente; y consignado información falsa acerca de las circunstancias en las que se dio el retorno del capturado. Tales documentos presuntamente fueron realizados con la finalidad de inducir en error a los funcionarios encargados de verificar la legalidad de lo ocurrido y que adelantaron las actuaciones administrativas y disciplinarias derivadas de dichos acontecimientos, basadas en un relato que no correspondería con lo sucedido.
Por lo anterior, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al brigadier general Federico Alberto Mejía Torres los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Los cargos no fueron aceptados.
