Una investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló graves consecuencias sociales, ambientales y de salud derivadas de las fumigaciones aéreas con glifosato realizadas en Nariño entre 2002 y 2015, durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.
El análisis se centró en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, territorios donde la aspersión aérea fue una de las principales estrategias del Estado para combatir los cultivos de coca. Según los hallazgos, esta política dejó múltiples impactos negativos sobre las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de la región.
De acuerdo con la JEP, los efectos más significativos de estas fumigaciones incluyen desplazamientos forzados de poblaciones locales, contaminación de cultivos de pancoger y plantas medicinales, así como afectaciones a fuentes de agua. También se reportaron mortandad de peces y diversas enfermedades en habitantes de las zonas fumigadas, principalmente problemas respiratorios y gastrointestinales.
La investigación forma parte del Caso 02, que analiza la situación territorial del conflicto armado en Nariño. Dentro de este proceso, la JEP ha documentado más de 400 hechos graves presuntamente relacionados con acciones de agentes del Estado, de los cuales al menos 98 estarían vinculados con la estrategia de erradicación forzada mediante aspersión aérea con glifosato.
Organizaciones sociales y comunidades afectadas han denunciado que las fumigaciones no solo destruyeron cultivos ilícitos, sino también alimentos básicos y medios de subsistencia, lo que agravó las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en estas zonas rurales. Además, se han señalado daños ambientales como la contaminación de ríos y quebradas, que impactaron los ecosistemas locales.
El informe de la JEP busca esclarecer responsabilidades y dar voz a las víctimas de estas prácticas, que durante años fueron justificadas como parte de la lucha contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, el tribunal transicional continúa recopilando testimonios y pruebas para determinar si estas acciones constituyeron violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
