Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
Aquí, en Colombia, para combatir todos los males y flagelos que hoy aquejan a la sociedad, se han realizado reformas institucionales con la expedición de toda una amalgama de leyes y códigos tendientes, supuestamente, a investigar y sancionar a todos aquellos que quebranten el ordenamiento jurídico del país.
Sin embargo, con suma preocupación los colombianos vemos que toda la cantidad de códigos que contienen las normas y los procedimientos, los mecanismos y los recursos de todo orden para que haya una pronta y efectiva aplicación de justicia, se quedan simple y llanamente en letra muerta y sirviendo de caldo de cultivo de la impunidad.
Y como una justificación a la impunidad se ha vuelto una costumbre afirmar, por ejemplo en materia penal, “que hay demasiados negocios, muy pocos jueces, fiscales, escaso personal auxiliar, insuficiente presupuesto, que no aparecen denunciantes y testigos y que hace falta la plena prueba”.
Todo esto en cierta medida puede ser cierto, pero lo que en verdad ha faltado para que haya justicia sin vacilaciones y con responsabilidad es que cada uno de quienes trabajan al servicio de la justicia “se pongan a la obra, que tengan conciencia de la situación que afronta el país, que perciban y vivan la dimensión política e histórica de su papel en la vida nacional y en la coyuntura en que nos encontramos”.
Bajo esa perspectiva, principalmente, los fiscales y los jueces de Colombia pueden hacer más por su patria y por sus compatriotas con las mismas herramientas de hoy si adoptan otra actitud, otro sistema, otra metodología; si realmente se ponen en función de emergencia nacional en que todos vivimos, dejando atrás el burocraterismo, marasmo, indolencia e insolidaridad del aparato judicial con el país.
Ahora el Ministerio de Justicia ha dado a conocer un proyecto de ley que pretender modificar algunas normas de los códigos Penitenciario y Carcelario, Penal y de Procedimiento Penal.
La finalidad de la iniciativa legislativa se orienta a que “hay que “descongestionar y humanizar las cárceles. Esta ha sido una orden repetida de la Corte Constitucional y es ahora la intención del Proyecto de Reforma del Código Penal que irá al Congreso. Para disminuir el número de presos se propone eliminar ciertos delitos (calumnia, injuria, incesto…), restringir la definición de otros (concierto para delinquir, terrorismo), reducir la pena máxima (de 60 a 40 años) y aumentar el uso de penas no privativas de la libertad (prisión domiciliaria, condena condicional…)”.
Sin embargo, ya existen voces en favor y en contra a esta propuesta, pues, mientras unos sostienen que se trata de “la humanización de las cárceles”, otros afirman que es abrirle la puerta de la impunidad a varios delitos.
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Aunque la discusión apenas comienza, lo cierto es, que frente a la reforma en materia penal, como la que se pretende, que ojalá, dijo el jurista Iván Cancino,“ “se establezcan las condiciones que el país necesita para proteger a la víctima, lograr resocialización de los presos, respetar la dignidad del ser humano y poder dedicar esfuerzos a investigar delitos que sean delicados, graves y de afectación al modelo de Estado” que tenemos en Colombia.