La organización internacional Human Rights Watch (HRW) sacudió este martes 17 de marzo de 2026 el panorama diplomático al denunciar graves violaciones a los derechos fundamentales en El Salvador. El informe revela que el gobierno salvadoreño incurre en desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias contra ciudadanos que llegan deportados desde Estados Unidos. Por esta razón, la directora para las Américas de la ONG, Juanita Goebertus, exigió a la administración de Donald Trump detener el envío de personas hacia lo que calificó como el «agujero negro» del sistema penitenciario salvadoreño. Asimismo, el documento detalla que las autoridades locales detienen a los migrantes inmediatamente al aterrizar en territorio centroamericano, privándolos de cualquier contacto con sus familias o abogados defensores.
Respecto a las cifras, el reporte documenta el caso de al menos 11 salvadoreños cuyo paradero permanece desconocido tras su expulsión de territorio estadounidense entre marzo y octubre de 2025. De igual manera, estos incidentes ocurren en un contexto donde más de 9,000 ciudadanos regresaron a su país bajo las estrictas políticas migratorias de la Casa Blanca durante el último año. Por tal motivo, los investigadores de HRW recopilaron testimonios de 20 familiares que denuncian la ausencia total de procesos judiciales y la falta de presentación ante jueces competentes. Además, la organización subraya que ni San Salvador ni Washington presentan pruebas contundentes que vinculen a estos detenidos con estructuras criminales como la MS-13, más allá de simples señalamientos sin sustento legal.
Human Rights Watch denuncia desapariciones forzadas de deportados en El Salvador /FOTO: AFP
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Por otra parte, diversos portales de noticias internacionales y reportes verificados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos resaltan la opacidad del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Diversas fuentes oficiales informan que las autoridades trasladan a los deportados a esta megacárcel de máxima seguridad, donde enfrentan condiciones de aislamiento total y una suspensión de facto de sus garantías constitucionales. Adicionalmente, organizaciones locales como Cristosal advierten que el régimen de excepción vigente en El Salvador facilita estas capturas masivas sin necesidad de órdenes judiciales previas. Igualmente, la comunidad internacional observa con preocupación cómo la etiqueta de «terrorista» sirve para justificar el encarcelamiento de personas sin antecedentes delictivos comprobados.
En cuanto a la respuesta institucional, el gobierno de Nayib Bukele defiende su estrategia de seguridad nacional como una herramienta necesaria para desarticular a las pandillas que aterrorizaron al país por décadas. Por consiguiente, los representantes oficiales minimizan las denuncias de organismos externos y mantienen la operatividad de los centros de detención bajo estrictos protocolos de confidencialidad. Por otro lado, los abogados de las víctimas aseguran que la estigmatización del migrante deportado alimenta un ciclo de abusos donde el Estado vulnera el debido proceso de forma sistemática. De este modo, la confrontación entre las políticas de «mano dura» y los estándares internacionales de protección humana alcanza un punto de tensión máxima durante este primer trimestre de 2026.
Human Rights Watch denuncia desapariciones forzadas de deportados en El Salvador
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Mientras los organismos multilaterales analizan las implicaciones de este informe este martes de marzo, las familias de los desaparecidos continúan buscando respuestas en las morgues y centros judiciales de la capital salvadoreña. La transparencia en el manejo de los listados de prisioneros resulta vital para que la sociedad civil verifique el estado de salud y la ubicación real de los retornados. De igual modo, los especialistas en migración sugieren que Estados Unidos debe revisar sus protocolos de envío para asegurar que no entrega a personas vulnerables a un sistema que ignora los tratados internacionales básicos. Así, la jornada informativa sobre la región cierra con una alerta encendida, reafirmando que la lucha contra el crimen no debe justificar jamás la desaparición de ciudadanos bajo la custodia de un Estado democrático.
