En un estremecedor suceso ocurrido en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), la violencia vinculada al mundo de los conflictos por la tenencia de la tierra y los litigios jurídicos se cobró dos víctimas en menos de 24 horas, activando alarmas en las autoridades judiciales y de seguridad sobre la posible existencia de una cadena criminal.
El primer hecho ocurrió la tarde del jueves 13 de noviembre de 2025, cuando Cruz Magnolia Sánchez, de 54 años y quien ejerciera como jueza de paz en la comuna 2 de Cali durante aproximadamente una década, fue interceptada mientras se movilizaba en un taxi por la avenida Sexta Norte con calle 44, en el sector de Chipichape (norte de la ciudad). Hombres armados en una motocicleta dispararon contra el vehículo y Sánchez falleció en el lugar.
Según las primeras versiones, la víctima participó horas antes en una mesa técnica convocada por la Personería Distrital de Cali en la que se trataban problemáticas de servicios públicos y territorio en Altos de Menga. Sánchez era reconocida como lideresa social, además de su papel como jueza de paz, y había denunciado con anterioridad amenazas y advertencias por su actividad en defensa de vendedores ambulantes y de la tenencia de espacios públicos.
Menos de 24 horas después, el viernes 14 de noviembre de 2025 al mediodía, ocurrió un segundo homicidio en un local de la cafetería/heladería Ventolini, ubicado en la avenida Sexta Norte con calle 28, barrio Santa Mónica residencial, también en el norte de la ciudad. La víctima fue identificada como Fredy Albeiro Zapata Rivas, abogado que portaba arma de fuego al momento del ataque.
Lo que hace particularmente grave este segundo crimen es que Zapata Rivas figura en una denuncia por secuestro simple que fue interpuesta el 9 de septiembre por la exjueza Sánchez. En esa denuncia, ella señaló que el abogado y otros vinculados la habrían presionado para que se retirara de un litigio por unos lotes ubicados en la zona de la Calle 66 al norte de Cali. En ese contexto, habría ocurrido una reunión en el centro comercial Chipichape el 5 de septiembre en que Zapata, según la versión de Sánchez, le dijo que “si seguía en el proceso” lo iba a lamentar y le ordenó subirse a una camioneta blanca.
Las autoridades analizan las evidencias de ambos homicidios bajo la hipótesis de que los hechos estén vinculados: mismo sector geográfico, modus operandi similar (ataque armado directo) y la conexión judicial entre las víctimas. Un informe de la Policía Metropolitana de Cali indica que hay cámaras de seguridad en la zona del doble homicidio, y se investiga si se trata de mafias que operan en el control de espacios, lotes y ventas ambulantes.
El asesinato de Sánchez ya había generado alerta: según el instituto Indepaz, con su muerte suman 169 líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va del año. El secretario de Seguridad de Cali anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información que permita capturar a los responsables.
La escena en la heladería también generó otro tipo de preocupación: la empresa emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y precisó que ninguno de sus empleados resultó herido, lo que sugiere que el blanco del ataque era el abogado específicamente.
Este doble homicidio agita los focos sobre tres ámbitos de riesgo en la ciudad: la vulnerabilidad de actores jurídicos y sociales (jueces de paz, lideresas comunitarias), el peligro de los litigios de tierras y espacios urbanos que pueden implicar violencia paramilitar o mafiosa, y la continuidad de la impunidad en crímenes contra operadores de justicia y derechos humanos.
Por el momento, las autoridades han iniciado actos urgentes de investigación: inspección de escenas, levantamiento del cadáver del abogado, análisis de cámaras entre las calles Sexta Norte y Chipichape, y seguimiento de la denuncia previa de la exjueza que vincula directamente al abogado asesinado. Sin embargo, aún no se han identificado públicamente los autores materiales o intelectuales del doble crimen.
Este hecho deja una ciudad de Cali conmocionada: dos muertes en 24 horas, interconectadas, con aparentes vínculos entre litigio predial, amenazas previas y ejecución selectiva. Las organizaciones de derechos humanos y gremios judiciales advierten que la seguridad para quienes participan en la administración de justicia y en liderazgos comunitarios está cada vez más comprometida en regiones donde opera el conflicto y el control ilegal del territorio.