La Fiscalía General de la Nación continúa fortaleciendo los procesos judiciales contra el exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, conocido con los alias de «El Patrón», «El Taladro» o «El Señor de la Sierra», al imponer nuevas medidas dentro de las investigaciones que buscan establecer su responsabilidad por un patrón de violencia sexual sistemática cometido durante y después del conflicto armado colombiano.
Las actuaciones de la Fiscalía hacen parte de una extensa investigación que ha documentado durante años la existencia de un sistema de explotación, abuso y sometimiento de niñas y adolescentes en zonas bajo el control del Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estructura comandada por Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los investigadores sostienen que los delitos no correspondieron a hechos aislados, sino a una práctica reiterada y organizada que convirtió la violencia sexual en un mecanismo de dominación sobre la población civil.
Una investigación que evidencia un patrón criminal
De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones permitieron establecer que varias víctimas eran menores de edad y fueron sometidas mediante amenazas, coerción y aprovechamiento del control territorial que ejercía la organización paramilitar.
Entre los delitos investigados aparecen:
- Violencia sexual.
- Acceso carnal violento.
- Trata de personas.
- Tortura en persona protegida.
- Aborto forzado.
- Otros delitos asociados a graves violaciones de derechos humanos.
La entidad sostiene que estas conductas constituyen crímenes especialmente graves dentro del conflicto armado y forman parte de un patrón de violencia basada en género que afectó a numerosas mujeres y niñas en la región Caribe.
Delitos que continuaron incluso después de la desmovilización
Uno de los elementos más relevantes del caso es que varias investigaciones concluyeron que algunas agresiones sexuales ocurrieron después de la desmovilización del Frente Resistencia Tayrona.
Según la Fiscalía, existen evidencias de que varias menores fueron llevadas a establecimientos carcelarios donde Giraldo permanecía privado de la libertad entre 2007 y 2008, con la presunta colaboración de terceros.
Estos hechos fueron considerados especialmente graves porque evidenciarían la continuidad de las conductas delictivas aun cuando el exjefe paramilitar ya se encontraba bajo custodia del Estado.
La salida de Justicia y Paz
Los avances investigativos también fueron determinantes para que la jurisdicción de Justicia y Paz decidiera excluir a Hernán Giraldo de los beneficios otorgados a los excombatientes desmovilizados.
Las autoridades judiciales concluyeron que continuó cometiendo delitos después de acogerse al proceso de desmovilización, incumpliendo así uno de los requisitos fundamentales para conservar los beneficios de la justicia transicional.
Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia confirmó esa decisión, señalando que la continuidad de los actos de violencia sexual impedía mantenerlo dentro del régimen especial previsto para exparamilitares que colaboraran efectivamente con la verdad, la reparación y la no repetición.
Un historial de violencia en la Sierra Nevada
Hernán Giraldo fue uno de los principales comandantes paramilitares que operaron en la Sierra Nevada de Santa Marta y zonas de Magdalena y La Guajira.
Durante décadas consolidó un poder militar, económico y criminal mediante el narcotráfico, las extorsiones, los homicidios, las desapariciones forzadas y múltiples violaciones de derechos humanos.
Tras su desmovilización en 2006 fue extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y, una vez cumplió su condena, fue deportado a Colombia en 2021 para responder por los numerosos procesos judiciales pendientes.
Violencia sexual como crimen de lesa humanidad
La Fiscalía ha sostenido que los hechos atribuidos a Giraldo cumplen los requisitos para ser considerados crímenes de lesa humanidad, debido a que hicieron parte de un ataque sistemático contra la población civil.
La investigación documenta que la violencia sexual habría sido utilizada como una herramienta de control territorial, intimidación y sometimiento, especialmente contra niñas y adolescentes residentes en las zonas dominadas por la estructura paramilitar.
Por esa razón, estos delitos tienen un tratamiento especial dentro del derecho internacional y no pueden ser entendidos como hechos aislados o exclusivamente individuales.
Un caso emblemático para las víctimas
Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos consideran que el proceso contra Giraldo representa uno de los expedientes más importantes para el reconocimiento de la violencia sexual dentro del conflicto armado colombiano.
Las investigaciones buscan no solo establecer responsabilidades penales, sino también garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad, acceder a la justicia y obtener medidas de reparación integral.
La Fiscalía ha señalado que continuará adelantando las actuaciones necesarias para esclarecer completamente los hechos y determinar la participación de otras personas que habrían facilitado la comisión de estos delitos.
