Por Mauricio Fernando Muñoz Mazuera
La historia democrática de Colombia ha estado marcada, muchas veces, por dudas e incertidumbres. En muchas familias aún se recuerda el relato transmitido por padres y abuelos sobre las elecciones presidenciales de 1970, cuando el candidato Gustavo Rojas Pinilla, del movimiento Anapo, parecía encaminarse a la victoria frente al candidato oficialista Misael Pastrana Borrero. Sin embargo, tras el conteo final y en medio de múltiples cuestionamientos, el resultado terminó favoreciendo a Pastrana. Aquel episodio quedó grabado en la memoria política del país como uno de los momentos más polémicos de nuestra historia electoral y desencadenó una profunda desconfianza que incluso alimentó episodios posteriores de violencia política. Ese recuerdo histórico no es menor. Por el contrario, sigue apareciendo cada vez que el país vuelve a enfrentarse a denuncias o sospechas sobre la transparencia de los procesos electorales. En Colombia, la democracia ha tenido que convivir con una frase popular que resume, de forma irónica y preocupante, esa desconfianza: “hasta las 4pm vota el pueblo y después elige la registraduría”.
Desde el año 2018 comenzaron a hacerse cada vez más visibles denuncias relacionadas con posibles irregularidades en el manejo de los formularios electorales, especialmente el conocido E-14, formato en donde se registran los resultados de cada mesa, así como inconsistencias en el manejo de los tarjetones o en la consolidación de los datos durante los escrutinios. Estas denuncias no han estado limitadas únicamente a elecciones nacionales; también han aparecido en procesos regionales y locales.
Conocí de cerca una situación similar durante dos elecciones en las que un diputado del departamento de Nariño tuvo que acudir a los escrutinios y presentar los recursos legales correspondientes para defender su curul. Lo que en principio parecía un resultado claro terminó convertido en una batalla jurídica para evitar que, mediante maniobras administrativas o errores en el registro de votos, se alterara la voluntad popular. Ese tipo de situaciones alimenta la percepción de que la vieja frase sigue teniendo vigencia.
En las elecciones más recientes tuve la oportunidad de ser jurado de votación en una mesa ubicada en el centro de la ciudad. Junto con mis compañeros asumimos la tarea con responsabilidad y respeto por el proceso democrático. El conteo de votos se realizó con cuidado, verificando cada tarjetón y registrando los resultados tal como lo indicaba el procedimiento. Cuando surgía alguna duda, existían canales de consulta con delegados de la organización electoral para garantizar que todo se hiciera correctamente. Ese debería ser siempre el espíritu de una jornada electoral: respeto por el voto ciudadano. Porque cada sugragio depositado en la urna representa mucho más que una simple marca en un tarjetón; representa la voluntad política de una persona, su esperanza de cambio o su decisión de respaldar una idea de país.
Por eso resulta tan preocupante que, una vez terminada la jornada, comiencen a aparecer denuncias sobre formularios tachados, inconsistencias en los registros o votos que misteriosamente cambian de destino durante el proceso de escrutinio. Más grave aún es que, pese a la reiteración de estas situaciones, rara vez se conocen responsables claros o sanciones ejemplares.
La democracia se sostiene, en buena medida, sobre la credibilidad de sus instituciones. Si los ciudadanos comienzan a creer que su voto puede perderse, manipularse o alterarse en el camino, la base misma del sistema democrático empieza a resquebrajarse. Porque en una democracia, el voto se respeta, de lo contrario, la vieja frase seguirá rondando cada elección y recordándonos, con amargura, que aún tenemos una deuda pendiente con nuestra propia democracia.
