La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la exdirectora encargada de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Carmen Cecilia Simijaca Agudelo, por presuntas irregularidades en un contrato de alimentación destinado a personas privadas de la libertad en la cárcel El Barne, ubicada en el municipio de Cómbita, Boyacá. El proceso busca esclarecer si existieron fallas en la continuidad del suministro de alimentos, así como posibles omisiones en la planeación, ejecución y supervisión del contrato, lo que habría impactado directamente los derechos fundamentales de la población carcelaria.
De acuerdo con el ente de control, se investiga si la administración adoptó las medidas necesarias para garantizar la prestación de un servicio esencial que, por su naturaleza, no admite interrupciones. La alimentación de los internos es una obligación del Estado, por lo que cualquier irregularidad en este aspecto podría constituir una vulneración grave de derechos humanos, además de posibles faltas disciplinarias por parte de los funcionarios responsables.
La investigación también vincula a Tania María Buitrago González, quien se desempeñó como supervisora del contrato. Según la Procuraduría, existirían indicios de un seguimiento insuficiente a la ejecución contractual, lo que habría contribuido a las fallas detectadas en la prestación del servicio. En este sentido, se busca determinar si hubo negligencia en el control y vigilancia de los recursos públicos destinados a la alimentación de los reclusos.
El caso será adelantado por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Pública, que ya ordenó la recolección de pruebas documentales, testimoniales y técnicas para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Asimismo, se pretende identificar posibles responsables y determinar si hubo incumplimientos contractuales o conductas disciplinables.
Este nuevo proceso vuelve a poner en el centro del debate la gestión de los servicios básicos dentro del sistema penitenciario colombiano. Aunque la investigación se encuentra en etapa preliminar, el caso evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control, supervisión y transparencia en la contratación pública, especialmente cuando se trata de garantizar condiciones dignas a poblaciones bajo custodia del Estado.
