Continúa generando conmoción el caso de los dos oficiales del Ejército encontrados sin vida dentro de un vehículo en el Cantón Militar Norte, en Bogotá. Las víctimas fueron identificadas como la subteniente María Camila Mora Mahecha y el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata, quien, según las primeras versiones de la investigación, habría disparado contra la joven oficial y posteriormente se habría quitado la vida.
La noche de los hechos, una tercera uniformada —compañera de la subteniente Mora— se encontraba con ellos y habría presenciado la discusión que terminó en tragedia. Su testimonio es considerado clave para reconstruir la secuencia exacta de los acontecimientos.
Nuevos hallazgos en la investigación
Durante las diligencias posteriores, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontró dos armas de fuego no oficiales en la habitación del capitán Masmela, ubicada dentro del complejo militar. Estas armas no pertenecen a la dotación reglamentaria del oficial, lo que abrió nuevas líneas de investigación acerca de su procedencia, legalidad y posible relación con el caso.
Las autoridades buscan establecer cómo ingresaron estas armas al Cantón Norte, un área con estrictos controles de seguridad, y si existían fallas en los protocolos internos de almacenamiento y vigilancia.
Reacciones y acciones institucionales
El Ejército Nacional activó los protocolos internos correspondientes y manifestó su disposición para apoyar plenamente el proceso judicial. Adicionalmente, se puso en marcha un plan de acompañamiento psicosocial para los familiares de las víctimas, dado el impacto del caso entre el personal militar.
Aunque se ha mencionado una posible relación sentimental previa entre los oficiales, las autoridades aún no han confirmado oficialmente esta hipótesis. La clasificación legal del hecho —si se tratará de feminicidio, homicidio-suicidio u otra figura penal— permanece en evaluación.
Lo que sigue
Los investigadores deberán determinar:
- La procedencia y legalidad de las armas encontradas en la habitación del oficial.
- Si alguna de ellas fue utilizada o tuvo relación con los hechos.
- La responsabilidad institucional en el control y almacenamiento de armas dentro del Cantón Norte.
- La veracidad y coherencia de las versiones entregadas por los testigos.
El caso continúa bajo análisis de la Fiscalía y del Ejército Nacional, mientras crece el debate público sobre los controles internos de seguridad y la prevención de violencias dentro de las fuerzas militares.
