El hacinamiento cancelario o penitenciario en Colombia, es una fuente de violación a la dignidad y los derechos humanos de personas privadas de la libertada. Esto provoca graves problemas de salud, violencia, indisciplina, inconvenientes para brindar servicios de asistencia social, dificultando la capacidad de control por parte de las autoridades carcelarias que comprometen a veces la seguridad afectando la integridad física de la población recluida como también los dragoneantes.
El Estado Colombiano ha hecho importantes esfuerzos para implementar acciones como la expedición de leyes, construcción de nuevas cárceles o ampliación de las existentes, sin resolver el problema de raíz. Actualmente, la población carcelaria del país supera la capacidad de los establecimientos de reclusión.
La superpoblación carcelaria impide la clasificación de personas privadas de la libertad, incluyendo la debida separación de personas sindicadas y condenadas. El hacinamiento agrava las condiciones de ejecución de las medidas precautelares y punitivas de prisión, y puede consolidar una cultura vulneradora de los derechos fundamentales de los internos y del personal administrativo y de guardia.
El hacinamiento carcelario es un problema grave y persistente que afecta a la población carcelaria en todo el país. Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la tasa de hacinamiento en las cárceles colombianas es del 53%, lo que significa que las instalaciones carcelarias están ocupadas por mas del doble de su capacidad, en particular en el Municipio de Pasto, la cárcel está construida para albergar alrededor de quinientos (500) hombres privados de la libertad, pero se ha llegado a tener una población mayor de mil quinientos (1500) presos, con respecto a las instalaciones carcelarias para mujeres, la capacidad era para cincuenta (50) y se llegó a tener hasta doscientas (200) mujeres privadas de la libertad.
El hacinamiento es un factor que no permite el buen desarrollo del sistema carcelario, toda vez que este debilita y entorpece el proceso de resocialización, e incrementa la reincidencia delictiva que genera condiciones que afectan la integridad y dignidad humana de la población carcelaria, como también hay afectación de la seguridad ciudadana.
Se recomienda que todas las entidades estatales involucradas desarrollen políticas serias de prevención de la delincuencia y la criminalidad, para enfrentar el populismo punitivo, las instituciones encargadas de diseñar la política criminal deben entender que el delito no se puede combatir exclusivamente con el incremento de las penas; además, se debe ampliar y potencializar el uso de penas alternativas a la privación de la libertad, no solo para disminuir el hacinamiento, sino porque también impactan en la reducción de la reincidencia; asimismo, se deben reestructurar los modelos de trabajo, estudio y enseñanza para que la cárcel no sea la universidad del delito, sino que verdaderamente se cumpla su papel resocializador para garantizar una sociedad más segura.