La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la captura de Richard Arturo
Colmenarez Peña en la vía pública del sector de Friogán, en dirección a Caños
Negros, Villavicencio (Meta). Su arresto se produjo en el contexto de una denuncia
que lo señala como presunto autor de abuso sexual contra su hijastra, una niña de
tan solo 11 años.
Hechos
Los hechos denunciados habrían ocurrido en agosto de 2024, en el barrio Parque
Infantil de Villavicencio. En ese momento, la madre de la menor y su hermano se
encontraban fuera de casa, lo que permitió que Colmenarez Peña sometiera a la
niña a una agresión sexual. Según la denuncia, para amedrentarla, el acusado
amenazó con “matar” a su madre y hermano, buscando así impedir que la niña
buscara ayuda o revelara lo sucedido.
El caso ha suscitado una ola de indignación entre los vecinos y diversas
organizaciones defensoras de la infancia, lo que motivó la rápida intervención de
las autoridades tras la formalización de la denuncia. La Fiscalía imputó a
Colmenarez Peña por el delito de acceso carnal abusivo, o en su defecto, actos
sexuales abusivos con un menor de 14 años. Este tipo de delito se agrava, en este
caso, por la relación de padrastro a hijastra, lo que incrementa su responsabilidad
penal debido a la confianza y el vínculo familiar.
Pena
De acuerdo con la Ley 1236 de 2008, que modificó el Código Penal en Colombia,
el artículo 208 establece penas de prisión de doce a veinte años para quienes
accedan carnalmente a una persona menor de 14 años. Asimismo, el artículo 209
contempla penas de nueve a trece años para quienes realicen actos sexuales no
carnales con menores de esa edad. Además, el artículo 211 permite aumentar la
pena en un tercio a la mitad cuando el agresor tiene autoridad sobre la víctima,
como ocurre en este caso.
Las autoridades locales en Villavicencio señalaron que el caso será priorizado
como “de especial gravedad” por el vínculo familiar del agresor con la víctima y por
las amenazas que, de comprobarse, agravarían su responsabilidad penal. Por su
parte, organizaciones civiles y de víctimas han pedido que el sistema de
protección actúe con mayor celeridad y que se garantice la plena atención médica,
psicológica y social de la menor afectada, así como la prevención de nuevos
casos en entornos domésticos.