La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca presentó un balance contundente de su lucha contra el crimen ambiental durante 2025. La CAR, en articulación con la Fuerza Pública, adelantó más de 70 operativos de alto impacto para frenar actividades ilegales que venían afectando los recursos naturales en su jurisdicción.
El balance presentado por la autoridad ambiental da cuenta de 73 acciones ejecutadas en los 98 municipios de Cundinamarca, seis de Boyacá y la zona rural de Bogotá, territorios donde la CAR ejerce control ambiental. Las operaciones se desarrollaron a través de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA), con el apoyo del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.
El recurso suelo fue el más afectado, representando el 49% de los operativos, principalmente debido a actividades de minería ilegal que degradan la capa vegetal, contaminan terrenos y alteran permanentemente los ecosistemas. El daño al aire ocupó el segundo lugar con un 23% de las intervenciones, seguido por afectaciones al recurso hídrico con un 17% y delitos contra la fauna silvestre con un 4%.
Uno de los casos más impactantes fue detectado en Silvania. La actividad ilegal provocó deforestación, retiro de la capa vegetal y alteraciones significativas en el suelo y la geomorfología del área, lo que generó impactos graves al ecosistema local. En un predio de la vereda Subia Central, técnicos ambientales evidenciaron un frente de explotación que arrasó más de 5.400 metros cuadrados.
Los análisis técnicos determinaron que se extrajeron materiales de construcción (cuarzo y areniscas) en un volumen máximo aproximado de 21.683,6 metros cúbicos, equivalentes a 52.041 toneladas. La explotación utilizó maquinaria pesada y explosivos sin contar con licencia ambiental ni título minero, requisitos obligatorios para este tipo de actividades.
La CAR impuso una medida preventiva que suspendió inmediatamente las actividades mientras se adelantan actuaciones administrativas para sancionar a los responsables y restaurar el territorio afectado. La medida busca no solo detener el daño ambiental sino también enviar un mensaje contundente: la autoridad ambiental actuará con rigor contra quienes destruyan el patrimonio natural de Cundinamarca.
En la provincia de Ubaté, los operativos revelaron una situación igualmente preocupante. En las minas Perla Negra y Cerrejoncito, ubicadas en los predios Las Carboneras y El Manzano de la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá, la entidad decomisó maquinaria utilizada en flagrancia para extracción ilegal de carbón mineral.
Clara Álvarez, líder de la UIGA, explicó los hallazgos: «Nos encontramos con actividades de explotación y extracción de carbón mineral de socavón de forma mecanizada sin ninguna licencia, por lo que impusimos medida preventiva, realizamos el decomiso de cinco martillos percutores y se desconectaron y retiraron los transformadores ilegales con los cuales se realizaba la infracción ambiental».
En otra operación en Cucunubá, las autoridades sorprendieron en flagrancia la explotación de una mina subterránea que operaba sin permisos ambientales y cuya bocamina se encontraba fuera del área autorizada por el título minero. Se evidenció la explotación y extracción subterránea de carbón mineral de forma mecanizada en un área aproximada de 0.36 hectáreas, generando daños al suelo, al aire y a las fuentes hídricas vitales de la región.
El director de la CAR, Alfred Ballesteros, identificó las regiones de Ubaté, Almeidas y Guatavita como los puntos críticos donde se concentra la mayor actividad ilícita ambiental. «Preocupan especialmente los daños al suelo, al aire y a las fuentes hídricas que son vitales en esta región de Cundinamarca, por lo que procedimos a la suspensión de las actividades», explicó el funcionario.
Un componente fundamental del éxito operativo ha sido la participación ciudadana. Varias acciones se activaron partir de denuncias e información suministrada por la comunidad a través de las regionales y los canales de atención de la CAR. Este modelo de gobernanza ambiental participativa permite que los habitantes se conviertan en guardianes activos del territorio.
La CAR ha fortalecido sus equipos técnicos y jurídicos en las zonas de mayor afectación, incrementando la capacidad de respuesta y seguimiento a denuncias. La entidad también implementó tecnología de monitoreo satelital que permite identificar cambios abruptos en la cobertura vegetal o alteraciones topográficas sospechosas.
Las consecuencias de la minería ilegal van más allá del daño ambiental inmediato. La remoción de la capa vegetal expone suelos a procesos erosivos acelerados, generando pérdida de fertilidad y sedimentación de quebradas y ríos. El uso de explosivos y maquinaria pesada fragmenta hábitats, desplaza fauna silvestre y compromete la conectividad ecológica de los ecosistemas.