Juan Carlos Calderón, veedor ciudadano/foto: archivo particular.
El representante de la veeduría nacional Ver Control, Juan Carlos Calderón España, se refirió a la discusión jurídica que rodea la candidatura de Sandra Estupiñán a la Alcaldía de Tunja, en medio de las acciones que han sido interpuestas ante las autoridades electorales por presuntas inhabilidades.
Calderón aseguró que, en su concepto, el parentesco entre Estupiñán y un rector de una institución educativa no constituye una causal de inhabilidad, teniendo en cuenta los cambios normativos y la interpretación jurisprudencial reciente sobre los grados de consanguinidad y afinidad en procesos electorales. Sin embargo, aclaró que este tipo de análisis debe ser resuelto de fondo por las autoridades competentes y no únicamente desde opiniones externas.
En su declaración, el veedor también cuestionó el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE), al señalar que muchas controversias relacionadas con posibles inhabilidades en candidaturas terminan siendo definidas por la justicia administrativa después de las elecciones.
Según indicó, esta situación genera incertidumbre jurídica y abre la puerta a que los debates sobre la legalidad de las candidaturas se trasladen a escenarios posteriores al proceso electoral, afectando la confianza ciudadana. De igual forma, Calderón advirtió que las acciones jurídicas que promoverá no se limitarían a una eventual demanda de nulidad electoral.
Manifestó que, en caso de que Sandra Estupiñán resulte elegida alcaldesa de Tunja, impulsará un proceso de pérdida de investidura, dependiendo de los resultados de las investigaciones y del análisis jurídico correspondiente.
Este pronunciamiento se suma a la discusión que ya cursa ante el Consejo Nacional Electoral, donde se estudia una solicitud que busca la suspensión y eventual nulidad de la inscripción de la candidatura, bajo el argumento de posibles causales de inhabilidad relacionadas con el ejercicio de funciones públicas y eventuales coincidencias en periodos administrativos.
Mientras tanto, el CNE deberá evaluar las pruebas presentadas y definir si la candidatura cumple con los requisitos legales o si, por el contrario, existen elementos suficientes para proceder a su revisión o eventual revocatoria, en un caso que sigue generando debate en el escenario político de Tunja.
