Mientras los presidentes intercambian acusaciones sobre explosivos y soberanía, el motor económico de la frontera sur se apaga. La crisis diplomática ha derivado en una guerra comercial que amenaza con desmantelar décadas de integración andina y afecta un intercambio que supera los US$ 1.800 millones anuales.
La escalada de las «Tasas de Seguridad»
La tensión financiera comenzó en febrero de 2026, cuando el Gobierno de Ecuador impuso una tasa del 30% a las importaciones colombianas, argumentando la necesidad de financiar su guerra interna contra el crimen. El pasado 1 de marzo, esa cifra subió drásticamente al 50%, una medida que Bogotá respondió con aranceles recíprocos inmediatos.
«Estamos viendo camiones varados y contratos cancelados. Sectores como el de autopartes, cosméticos y confitería están prácticamente paralizados», advierten los gremios de exportadores. La desestabilización del comercio binacional no solo afecta a las grandes empresas, sino que ha destruido el sustento de miles de familias en Ipiales y Tulcán, donde la economía depende del flujo diario de bienes.
El llamado de la CAN
La Comunidad Andina de Naciones (CAN) ha emitido un comunicado de urgencia pidiendo a ambos gobiernos separar las disputas de seguridad de los compromisos comerciales. Sin embargo, con el ambiente caldeado por las denuncias de Petro sobre el artefacto hallado en Putumayo, el panorama de una mesa de diálogo económico parece cada vez más lejano.
