Durante el debate de la Ordenanza 21 en la Asamblea Departamental de Nariño, el diputado ipialeño Milton Guamanzar se refirió a las competencias institucionales frente a la crisis del agua que atraviesa Ipiales. En la Comisión Primera, el asambleísta precisó que la responsabilidad directa de garantizar el servicio de acueducto corresponde a la Administración Municipal y a la empresa prestadora Empoobando E.S.P.
Según Guamanzar, la Gobernación de Nariño puede participar mediante acompañamiento, coordinación, gestión y apoyo, pero estas acciones no reemplazan las obligaciones que corresponden al municipio y al operador del servicio. La precisión se produjo en medio de una problemática que ha generado preocupación ciudadana por las dificultades de abastecimiento, calidad del agua y condiciones de las fuentes hídricas.
Competencias
El diputado sostuvo que establecer las responsabilidades de cada nivel de gobierno resulta fundamental para evitar que la crisis sea abordada únicamente desde el escenario político. La Administración Municipal tiene a su cargo adelantar las acciones necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos en su territorio.
A su vez, Empoobando tiene responsabilidades operativas y técnicas relacionadas con la captación, tratamiento, distribución y continuidad del servicio de agua potable.
La Gobernación, por su parte, puede gestionar recursos, articular entidades y acompañar proyectos de infraestructura que contribuyan a solucionar las dificultades existentes. Para Guamanzar, este respaldo departamental cobra importancia cuando la magnitud de las obras requeridas supera la capacidad financiera o técnica del municipio.
Ordenanza
Las declaraciones se conocieron durante la discusión de la Ordenanza 21, iniciativa relacionada con la destinación de recursos para atender la problemática del abastecimiento de agua en Ipiales. El debate adquiere relevancia debido a que la situación de la ciudad está relacionada con factores que van más allá de episodios puntuales de suspensión del servicio.
La disminución de caudales, las condiciones de las fuentes de abastecimiento y las dificultades de la infraestructura han incrementado la presión sobre el sistema. Frente a la emergencia, medidas como el suministro mediante carrotanques, la distribución sectorizada y los racionamientos permiten atender parcialmente las necesidades de la población.
Sin embargo, estas alternativas no representan una solución definitiva para una problemática que requiere inversiones y obras de largo plazo. El planteamiento de Guamanzar abre también una discusión sobre quién debe responder por cada intervención y qué entidad debe asumir su financiación.
Para sectores ciudadanos y veedurías, es necesario contar con una hoja de ruta que establezca responsables, recursos, cronogramas y mecanismos de seguimiento. Desde el departamento se han planteado alternativas para fortalecer el abastecimiento, entre ellas obras de captación y otras intervenciones dirigidas a mejorar la capacidad del sistema.
El llamado es a que la emergencia no termine convertida en una disputa entre instituciones, mientras persisten las dificultades para miles de usuarios. La ciudadanía requiere claridad sobre las obras previstas, los recursos disponibles, los responsables de ejecutarlas y los tiempos establecidos para su puesta en funcionamiento.
En ese escenario, el debate en la Asamblea Departamental busca delimitar competencias, pero también promover la articulación entre municipio, empresa prestadora, departamento y Gobierno Nacional. La crisis del agua en Ipiales mantiene así la atención sobre la necesidad de soluciones estructurales, control político y seguimiento ciudadano.
Milton Guamanzar, diputado
