Los grupos armados ilegales en Colombia han desarrollado una nueva estrategia de reclutamiento de menores de edad a través de plataformas digitales como Facebook y TikTok, ampliando su alcance territorial y llegando a zonas donde antes no se reportaban estos casos, según un informe reciente de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
De acuerdo con esta investigación, las redes sociales han permitido que estas organizaciones creen lo que algunos expertos llaman una “tropa digital”, mediante la cual publican contenido que puede captar la atención de niños, niñas y adolescentes con mensajes falsos o atractivos. Esto ha generado un aumento de eventos relacionados con reclutamiento en municipios donde anteriormente no se registraban estos hechos, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades y organizaciones por la protección de la infancia.
Organizaciones internacionales como Unicef y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han alertado que en los últimos años se ha observado un crecimiento significativo del reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, con miles de casos documentados en todo el país.
Las autoridades señalan que los menores son contactados con propuestas que pueden incluir ofertas de dinero, pertenencia a un grupo, estatus o promesas de apoyo, antes de ser trasladados a zonas de conflicto o integrarse a estructuras criminales en actividades que vulneran gravemente sus derechos.
Este fenómeno también se ha observado en zonas rurales y territorios con presencia histórica de grupos armados, donde la combinación de plataformas digitales y métodos tradicionales de reclutamiento aumenta la vulnerabilidad de la niñez y juventud frente a estas prácticas.
La preocupación de organizaciones de derechos humanos, autoridades estatales y grupos sociales radica en que estos métodos no solo ponen en riesgo la seguridad de los menores, sino que además dificultan la intervención oportuna de las instituciones encargadas de proteger a la infancia y garantizar el cumplimiento de leyes nacionales e internacionales
