Después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en noviembre de 2016, el número de combatientes de las principales estructuras armadas se redujo inicialmente, pero el conflicto no desapareció. Parte de los antiguos territorios de las FARC fueron ocupados o disputados por otras organizaciones, mientras surgieron nuevas disidencias y se fortalecieron estructuras como el ELN y el Clan del Golfo. La Comisión de la Verdad documentó que la salida de las FARC dejó espacios territoriales que posteriormente fueron disputados por diferentes grupos.
El crecimiento territorial se hizo especialmente visible entre 2022 y 2024. La Defensoría del Pueblo reportó que el Clan del Golfo pasó de tener injerencia en 253 municipios en 2022 a 392 en 2023; el ELN pasó de 189 a 231 municipios y las disidencias de las FARC, incluyendo el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, pasaron de 230 a 299. En un informe posterior, la Defensoría señaló que la presencia de las facciones disidentes de las FARC había aumentado 141% entre 2019 y 2024, de 124 a 299 municipios.
El aumento también se refleja en el número de integrantes. Según el conteo de la Fuerza Pública analizado por la Fundación Ideas para la Paz, en diciembre de 2025 las estructuras armadas organizadas sumaban 27.121 integrantes entre personas en armas y redes de apoyo, un 23,5% más que en 2024 y más de 5.000 personas adicionales en un solo año. El Clan del Golfo registró 9.840 integrantes, el ELN 6.810, el Estado Mayor Central 4.019 y el Estado Mayor de Bloques y Frentes 2.958. Estas cifras deben interpretarse con cautela porque los conteos pueden presentar subregistros y las metodologías han cambiado con el tiempo.
¿Qué explica este crecimiento? Los análisis disponibles señalan varios factores que se combinan según cada región: disputas por territorios estratégicos, narcotráfico, minería ilegal, extorsión, control de corredores de movilidad y reclutamiento. La FIP también identifica nuevas modalidades de vinculación, como propaganda en redes sociales, ofertas económicas y mecanismos de presión sobre comunidades. En algunas zonas, además, los grupos buscan ejercer formas de control social y regular actividades económicas. La Defensoría reportó que para 2024 el 71% de los municipios del país estaba bajo algún tipo de advertencia relacionada con presencia de grupos armados ilegales.
El panorama actual es, por tanto, diferente al de 2016: Colombia enfrenta un conflicto más fragmentado, con múltiples organizaciones que pueden enfrentarse entre sí y cambiar de alianzas o zonas de influencia. La FIP registró al cierre de 2025 al menos 14 zonas de disputa activa y señaló un aumento de los enfrentamientos entre grupos. La Defensoría, por su parte, ha advertido sobre emergencias humanitarias relacionadas con estas confrontaciones en regiones como Catatumbo, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Meta y otras zonas del país. Las cifras disponibles hasta 2025 muestran que el desafío no consiste únicamente en combatir a grupos armados, sino también en recuperar presencia institucional y reducir las economías que permiten su financiación y expansión.
