La reciente solicitud de información de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a empresas de distintos sectores encendió las alarmas entre los principales gremios económicos del país. Fenalco, la Andi y el Consejo Gremial Nacional expresaron su rechazo a la medida, al considerar que genera incertidumbre en el clima de negocios y abre la puerta a una posible intervención indirecta en los precios.
La SIC pidió a las compañías explicar los criterios que utilizan para fijar precios, definir márgenes de ganancia, aplicar descuentos y ajustar valores frente a factores como costos de importación, logística o variaciones del dólar. La entidad sostiene que el objetivo es prevenir abusos al consumidor en un contexto marcado por el reciente aumento del salario mínimo.
Sin embargo, desde el sector empresarial la medida fue interpretada como un exceso de control. Fenalco señaló que este tipo de requerimientos desbordan las funciones tradicionales de la Superintendencia y podrían afectar la libertad de empresa. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, advirtió que un enfoque de fiscalización generalizada puede terminar distorsionando el mercado y afectar el abastecimiento, especialmente en sectores con alta rotación de precios.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) también manifestó preocupación por el alcance de la solicitud. Según el gremio, la legislación vigente no faculta a la SIC para indagar de manera amplia sobre márgenes de rentabilidad o estrategias comerciales, y hacerlo podría poner en riesgo la confidencialidad de información estratégica y los secretos industriales.
En la misma línea, el Consejo Gremial Nacional llamó a diferenciar entre inspección y presión administrativa. Su presidenta, Natalia Gutiérrez, afirmó que el control estatal debe centrarse en conductas ilegales comprobadas y no en requerimientos preventivos que tratan a todas las empresas como presuntas infractoras. A su juicio, cuando el Estado cruza esa frontera, se debilita la confianza empresarial y se afectan la inversión y el crecimiento.
El debate deja en evidencia una tensión de fondo entre la protección al consumidor y los límites de la intervención estatal en la economía. Mientras la SIC defiende su actuación como una herramienta para evitar prácticas abusivas, los gremios insisten en que la libertad de empresa y la reserva comercial son garantías constitucionales que no pueden ponerse en riesgo sin un marco jurídico claro.
