Con bastante preocupación hemos recibido el informe que acaba de socializar el representante en Colombia del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Scott Campbell, en torno a la situación de los Derechos Humanos en nuestro país, la cual aparece en extremo delicada ante la serie de hechos de violencia que se vienen presentando en numerosas partes de la geografía nacional.
En realidad, nos encontramos con un reporte inquietante, uno de los más graves de los últimos años, en el cual se refiere que, en estos momentos de los 1.101 municipios del país, 201, casi la quinta parte del territorio nacional, se encuentran en situación de alto riesgo a consecuencia del conflicto armado, lo que, a la vez, genera otra grave problemática, como lo es el reclutamiento de menores de edad, lo que se constituye en un verdadero flagelo, en el marco de los enfrentamientos armados que se afrontan en el país.
En ese sentido, la triste realidad como lo confirma la ONU, es que vastas zonas del territorio nacional son escenario de grandes enfrentamientos bélicos, protagonizados por los grupos alzados en armas, organizaciones criminales que se disputan territorios para sus nefastas actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal, los que siguen incrementándose en las diversas regiones, en las que es permanente la violación de los Derechos Humanos.
De esta manera tenemos que entre las zonas más afectadas sigue en primera línea el Catatumbo, donde a pesar de que la información no es tan profusa como en los primeros días del conflicto, la amarga verdad es que los enfrentamientos, ni otras situaciones de violencia como los asesinatos, se han detenido, lo que significa que la violencia sigue igual o peor.
En este preocupante panorama encontramos que igualmente las circunstancias son bastante difíciles en el departamento de Nariño, región en la que la Organización de las Naciones Unidas señaló a 18 municipios en condición de riesgo muy alto, lo que indica la gravedad de los hechos que se vienen registrando en esos sectores del sur del país, en detrimento de miles de personas.
En realidad, no extraña ese reporte de la ONU, en torno a Nariño, puesto que, desde comienzos del año, se vienen registrando graves violaciones a los Derechos Humanos, en sectores de la cordillera como Cumbitara y en la mayoría de los municipios de la costa Pacífica, con desplazamientos y confinamientos que afectan a vastos sectores poblacionales, a lo que ahora se une los asesinatos sistemáticos contra integrantes de la población Awá.
Tenemos entonces, que el panorama de Colombia, en materia de Derechos Humanos, sigue en franco deterioro, sin que por el momento se vea una reacción concreta por parte del Gobierno Nacional, para enfrentar una violencia que cada día, parece empeorar. En ese sentido, lo que se dice es que los clamores de ayuda son grandes, pero a pesar de ello, son escasas las ayudas que se les ha prestado, lo que agrava una situación que, desde las últimas semanas, afecta de manera grave al país.
Esto en razón a que nos enfrenta a una muy delicada situación de orden público, cuando ya el país se encuentra en plena campaña política, de cara a las elecciones legislativas, Senado y Cámara de Representes del 8 de marzo del 2026 y las elecciones presidenciales del 31 de mayo del mismo año, lo que echa una sombre de incertidumbre, sobre esos importantes procesos democráticos.