Juan Sebastián Cardona Grisales, víctima/foto: archivo particular.
El abogado Juan Sebastián Cardona Grisales, representante legal de GREEN MINE S.A.S., empresa titular de la Mina Polveros, emitió un comunicado público en el que denunció haber sido víctima de una presunta agresión física, intimidaciones y amenazas de muerte ocurridas en el municipio de Muzo, Boyacá.
Señalamientos
Según el jurista, los hechos habrían ocurrido durante una visita relacionada con las actuaciones legales que adelanta en representación de la compañía minera. En su versión, señala como presuntos responsables al concejal de Muzo, Jhon Ávila Riveros, y a su hermano Jacinto Ávila Riveros, quienes, asegura, se encontraban acompañados por varias personas más al momento del incidente.
Agresión y disparos
De acuerdo con el comunicado, los involucrados habrían llegado al lugar en una camioneta y posteriormente se habría presentado una confrontación en la que, según el abogado, recibió golpes en el rostro y la cabeza, además de amenazas e intimidaciones. Cardona Grisales también afirmó que durante el episodio se realizaron disparos al aire y que sufrió una lesión en la cabeza producto de un golpe con un arma de fuego, situación que habría requerido atención médica y sutura.
El abogado sostuvo además que las agresiones estarían relacionadas con las acciones judiciales y administrativas que adelanta contra actividades mineras que, según denuncia, se desarrollarían sin título minero vigente, sin Plan de Trabajo y Obras aprobado y sin licencia ambiental en el sector conocido como La Española.
Investigación
En el documento, Cardona Grisales manifestó que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional y demás autoridades competentes, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen las posibles responsabilidades.
Hasta el momento, las personas señaladas en el comunicado no se han pronunciado públicamente sobre estas acusaciones. Las autoridades serán las encargadas de esclarecer lo sucedido y establecer la veracidad de los hechos denunciados dentro del debido proceso y las garantías legales para todas las partes involucradas.
