La reciente notificación de que la obra vial de doble calzada entre Pasto y Catambuco no se llevará a cabo por falta de recursos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha generado una justificada ola de rechazo en Nariño.
Este evento apunta a ser otro capítulo en la larga lista de incumplimientos del Gobierno Nacional con nuestro departamento, y evidencia una vez más el rezago en infraestructura que afecta a nuestra región.
La doble calzada entre Pasto y Catambuco no es simplemente un proyecto más; es una obra esencial para mejorar la conectividad, la seguridad vial y dinamizar la economía regional. Su cancelación no solo frustra las esperanzas de desarrollo, sino que también representa una clara muestra de desinterés y falta de compromiso del Gobierno con Nariño. Las promesas repetidas se han vuelto palabras vacías para los ciudadanos que, año tras año, ven cómo las oportunidades de progreso se desvanecen por la ineficiencia y la falta de voluntad política.
Las voces de líderes comunitarios, representantes políticos y ciudadanos de a pie se alzan en un coro de descontento y desilusión. El sentimiento de abandono y marginación no es nuevo para los habitantes de Nariño, quienes han sido testigos de cómo los proyectos vitales para el desarrollo de la región son postergados o cancelados una y otra vez. Esta situación no solo afecta la economía, sino que también impacta profundamente en la moral de la comunidad, que ve cómo se cierran las puertas al progreso.
La cancelación de la construcción de la doble calzada entre Pasto y Catambuco es un fuerte golpe para el progreso regional, afecta la movilidad y el crecimiento económico de Nariño. Los habitantes del municipio y zonas cercanas a la vía en mención han expuesto su preocupación por la falta de compromiso del gobierno central en cumplir con las promesas hechas a la región, pues dicha carretera, es considerada esencial para mejorar la conectividad y el comercio, además, ha sido un proyecto largamente esperado por la comunidad.
Es imperativo que el Gobierno Nacional tome medidas concretas y urgentes para revertir esta situación. No se trata solo de un problema de recursos, sino de prioridades y de una gestión eficiente y comprometida con las regiones que históricamente han sido relegadas. La inversión en infraestructura no debe verse como un gasto, sino como una inversión en el futuro y el bienestar de sus ciudadanos.
El Gobierno debe buscar alternativas para cumplir con sus compromisos y trabajar de la mano con las autoridades locales para encontrar soluciones viables. La reactivación de este proyecto es crucial, no solo por los beneficios directos que traerá en términos de movilidad y economía, sino también para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Nariño no puede seguir siendo la cenicienta de las políticas de infraestructura nacional.
Es hora de que el Gobierno demuestre con hechos su compromiso con el desarrollo equitativo del país, asegurando que todas las regiones, especialmente las más necesitadas, reciban la atención y los recursos que merecen. Solo así podremos construir un país más justo y con oportunidades para todos.