El Gobierno colombiano decidió revertir una reducción de 1.000 pesos en el precio de la gasolina y el diésel, medida que había sido implementada a comienzos de 2026. Esta decisión responde principalmente al creciente déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y a factores internacionales.
De acuerdo con analistas, el conflicto en Oriente Próximo ha elevado significativamente el precio del petróleo a nivel mundial, pasando de aproximadamente 62 a 126 dólares por barril, lo que ha impactado directamente en los costos internos. Como resultado, en mayo ya se registra un aumento acumulado en los combustibles, lo que genera preocupación entre consumidores y sectores productivos.
El Ministerio de Hacienda ha señalado que mantener subsidios a los combustibles representa una carga fiscal insostenible, calificándolos como uno de los gastos públicos más problemáticos en el contexto actual. Aunque el impacto directo en la inflación sería moderado, expertos advierten que podría generar efectos indirectos en los precios de bienes y servicios.
La decisión también tiene implicaciones políticas en un momento clave, marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales.
