El Gobierno nacional radicó ante el Congreso el proyecto de Ley de Competencias, una de las iniciativas institucionales más ambiciosas de los últimos años, cuyo objetivo central es redistribuir de manera más justa los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y fortalecer la autonomía real de municipios, departamentos y territorios indígenas en sectores clave como educación, salud y agua potable.
La iniciativa fue presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y desarrolla el acto legislativo de fortalecimiento de la autonomía territorial, que aumentó los recursos del SGP y ordenó reorganizar las funciones entre la Nación y las entidades territoriales. Para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, esta ley busca cerrar una deuda histórica del Estado colombiano: una descentralización efectiva que no se quede en el discurso, sino que transfiera poder, competencias y recursos a los territorios donde viven las comunidades.
El proyecto propone que la mayor parte de los recursos adicionales del SGP se destinen a educación, salud y agua y saneamiento básico, sectores considerados prioritarios para reducir brechas sociales y territoriales. Según explicó Benedetti, la propuesta contempla que el 80 % de estos recursos se concentre en esos tres frentes, mientras que el 20 % restante se utilice para otros propósitos definidos por las entidades territoriales. La administración de estos fondos quedaría en manos de los gobiernos locales, con mecanismos de control, seguimiento y transparencia a cargo de la ciudadanía y de los organismos de vigilancia del Estado.
Desde el Ejecutivo, la ley es presentada como una de las reformas más importantes en décadas. El ministro Benedetti la ubicó al nivel de las grandes transformaciones estructurales del país, solo comparable con los cambios introducidos por la Constitución de 1991. En la misma línea, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvo que la iniciativa busca “devolverle a la gente lo que se le ha quitado”, al dotar a los municipios de recursos suficientes para garantizar servicios básicos y condiciones dignas de vida.
Uno de los ejes centrales del proyecto es definir con mayor claridad qué competencias le corresponden a cada nivel de gobierno, es decir, quién decide, quién ejecuta y con qué recursos en áreas como infraestructura educativa, servicios de salud y proyectos de agua potable. La apuesta es romper con la excesiva centralización de decisiones y permitir que los territorios tengan capacidad real de planear y ejecutar políticas públicas de acuerdo con sus necesidades.
El texto también establece principios básicos de descentralización, entre ellos que toda transferencia de funciones debe ir acompañada de recursos suficientes y fortalecimiento institucional, para evitar que las nuevas responsabilidades se conviertan en una carga imposible de asumir. Para ello, se plantea la creación de una institucionalidad específica que coordine y ordene el proceso de descentralización, evitando la dispersión de competencias entre múltiples entidades sin una guía clara.
Un punto clave del proyecto es la descentralización asimétrica, que reconoce que no todos los territorios tienen las mismas capacidades administrativas y fiscales. Por esa razón, la iniciativa clasifica a municipios y departamentos según sus atributos y fortalezas institucionales. Aquellos con mayor capacidad podrán asumir más competencias de manera directa, mientras que los territorios con mayores limitaciones recibirán acompañamiento técnico y apoyo progresivo. El objetivo es que la autonomía territorial sea un proceso ordenado y gradual, y no una fuente de desigualdad o abandono.
El Gobierno resaltó que la Ley de Competencias fue construida de manera articulada entre varias entidades del Estado, incluyendo los ministerios del Interior, Hacienda, Educación, Salud y Vivienda, el Departamento Nacional de Planeación, el DANE, la Función Pública y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Además, el proyecto fue socializado con gobernaciones, alcaldías, asociaciones de entidades territoriales, regiones administrativas, organizaciones sindicales como Fecode, la Defensoría del Pueblo, sectores académicos y pueblos indígenas mediante procesos de consulta previa.
Aunque el proyecto ya fue radicado, su debate legislativo no comenzará de inmediato, debido al receso del Congreso por las vacaciones de fin de año. La discusión se retomará en la próxima legislatura, cuando se designen ponentes y se inicie el trámite en comisiones. El Gobierno advirtió que cualquier modificación que implique impacto fiscal requerirá su aval.
Si la Ley de Competencias es aprobada, se convertiría en una pieza clave de la agenda gubernamental y en uno de los cambios más profundos al modelo de descentralización del país, con la intención de que la autonomía territorial deje de ser una promesa constitucional y se traduzca en más recursos, más capacidad de gestión y mayor poder de decisión para los territorios.