El Ministerio de Hacienda divulgó con un mes de retraso, sin rueda de prensa y con mínima difusión pública, el Plan Financiero 2026, el documento que cada año expone el estado real de las finanzas del país y las proyecciones económicas que heredará el próximo gobierno. Las cifras reveladas contradicen mensajes recientes del Ejecutivo y muestran un deterioro en varios frentes fiscales.
El Gobierno estima que la inflación para 2026 será de 5,8 %, superior al 5,1 % proyectado para 2025, un pronóstico que contrasta con las afirmaciones del presidente Gustavo Petro respecto a que el aumento del salario mínimo no generaría presiones inflacionarias. Al mismo tiempo, el déficit primario —la diferencia entre ingresos y gastos excluyendo intereses— aumentó de 2,4 % a 3,5 % del PIB, evidenciando que el gasto estatal creció más rápido que los ingresos.
Aunque el déficit total parece reducirse, pasando de 7,1 % a 6,4 % del PIB, esta disminución responde a una caída temporal en los pagos de intereses. Según las proyecciones, esta estrategia implicará mayores cargas en el futuro, con costos adicionales que podrían alcanzar unos 700 billones de pesos durante las próximas tres décadas.
El Ministerio también reconoció que el recaudo tributario fue menor al estimado: mientras se esperaba ingresar el 17 % del PIB, finalmente solo se obtuvo el 16,3 %, ampliando el hueco fiscal. Paralelamente, una parte significativa del endeudamiento reciente no ha sido para financiar el déficit, sino para operaciones de manejo de deuda, sustituyendo obligaciones de corto plazo por otras más largas. Las comisiones pagadas por estas operaciones pasaron de 8 billones a 18 billones de pesos.
Aunque la deuda neta baja como proporción del PIB, la deuda bruta alcanzó el 64,7 %, el segundo nivel más alto registrado en la historia reciente del país, solo por debajo del pico durante la pandemia. En cuanto al gasto público, el Plan Financiero proyecta una reducción del 2 % del PIB para 2026, la primera disminución planteada durante esta administración. Investigadores del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana señalaron como llamativo que ese ajuste solo se contemple en el año de transición hacia un nuevo gobierno y no en ejercicios anteriores.
La publicación tardía del documento también generó cuestionamientos. El ministro había anunciado que se divulgaría inmediatamente después de que la Corte Constitucional tumbara la primera emergencia económica, alegando que se requería ajustar los cálculos. Sin embargo, el texto solo fue publicado un mes después, justo tras las elecciones legislativas, lo que aumentó la percepción de opacidad frente a la situación real de las finanzas públicas.
