El Gobierno Nacional anunció el inicio de la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia, un tratado regional que busca fortalecer la democracia ambiental mediante el acceso a la información, la participación ciudadana en las decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos relacionados con el medio ambiente. Con esta decisión, el país pasa de la ratificación del acuerdo, realizada en 2022, a una etapa de ejecución con acciones concretas que buscan mejorar la gobernanza ambiental y garantizar una mayor protección de los derechos de las comunidades.
Como parte de esta estrategia, el Gobierno creó la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú (CiEscazú) mediante un decreto presidencial. Esta comisión será la encargada de coordinar, supervisar y hacer seguimiento a todas las acciones necesarias para cumplir los compromisos establecidos en el tratado. Además, se adoptó una hoja de ruta compuesta por 18 acciones prioritarias, cada una con responsables institucionales, cronogramas definidos e indicadores que permitirán evaluar el avance y el cumplimiento de los objetivos.
La implementación del Acuerdo de Escazú busca fortalecer la institucionalidad ambiental del país mediante una mayor coordinación entre las diferentes entidades del Estado. Asimismo, promueve la participación activa de autoridades ambientales, organizaciones sociales, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, organizaciones campesinas, la academia, el sector privado y otros actores de la sociedad, con el propósito de construir políticas ambientales de manera más participativa e incluyente.
Uno de los principales objetivos del acuerdo es garantizar que la ciudadanía tenga un acceso más amplio y transparente a la información relacionada con proyectos, actividades y decisiones que puedan afectar el medio ambiente. También pretende ampliar los mecanismos de participación pública para que las comunidades puedan expresar sus opiniones e intervenir en los procesos de toma de decisiones que impactan los ecosistemas y los recursos naturales.
Otro aspecto fundamental es el fortalecimiento del acceso a la justicia ambiental. Esto significa que las personas y comunidades contarán con mayores herramientas para acudir a las autoridades cuando consideren que sus derechos ambientales han sido vulnerados o cuando existan conflictos relacionados con el uso y la protección del territorio. De esta manera, se busca garantizar procesos más transparentes, eficientes y accesibles para toda la población.
La protección de las personas defensoras del ambiente constituye uno de los ejes centrales de la implementación. Este punto es especialmente importante para Colombia, debido a que es uno de los países con mayor número de conflictos socioambientales y donde muchos líderes ambientales enfrentan amenazas y riesgos por su labor en defensa de los recursos naturales y los derechos de sus comunidades. El Gobierno pretende fortalecer las medidas de prevención y protección para estos defensores, promoviendo un entorno más seguro para el ejercicio de su trabajo.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, afirmó que el país da un paso decisivo al pasar de la simple ratificación del tratado a su aplicación efectiva mediante una estructura institucional sólida y una hoja de ruta con acciones verificables. Según explicó, las decisiones adoptadas fortalecen la democracia ambiental y permiten que los compromisos del Acuerdo de Escazú se conviertan en resultados concretos para la ciudadanía.
La nueva Comisión Intersectorial contará además con un Consejo Consultivo, integrado por representantes de trece sectores sociales, así como con comités técnicos especializados. Estas instancias facilitarán el diálogo permanente entre el Gobierno y la sociedad civil, permitiendo que diferentes actores participen en la construcción, seguimiento y evaluación de las políticas ambientales.
La hoja de ruta fue elaborada a través de un amplio proceso participativo en el que intervinieron entidades públicas, autoridades ambientales, comunidades indígenas y afrocolombianas, organizaciones campesinas, organizaciones sociales, representantes de la academia, el sector privado y defensores del medio ambiente. Este proceso buscó garantizar que las acciones respondieran a las necesidades y preocupaciones de los diferentes sectores involucrados en la protección del patrimonio ambiental del país.
Las 18 acciones priorizadas están orientadas a fortalecer la coordinación entre instituciones, mejorar la transparencia en la gestión ambiental, ampliar los espacios de participación ciudadana, facilitar el acceso a la justicia ambiental y consolidar estrategias para proteger a quienes defienden los recursos naturales. Además, se establecieron mecanismos de monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas que permitirán evaluar periódicamente el cumplimiento de los compromisos adquiridos y garantizar que la implementación sea transparente.
Finalmente, el Gobierno aclaró que el Acuerdo de Escazú no modifica el régimen de propiedad privada, no afecta la soberanía nacional ni crea tribunales internacionales con autoridad sobre Colombia. Su propósito es fortalecer derechos que ya están reconocidos en la Constitución Política, promoviendo instituciones más transparentes, participativas y eficaces para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Con estas medidas, el país busca consolidar una gestión ambiental más democrática, incluyente y orientada a la protección de los ecosistemas y de las comunidades que dependen de ellos.
