El Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió frenar la extradición de Geovani Rojas, alias Araña, señalado como máximo jefe del grupo armado Comandos de Frontera, una disidencia con presencia en el sur del país. La medida se enmarca en la política de paz total y busca mantener abiertos los canales de diálogo con estructuras armadas que operan en zonas estratégicas de frontera.
La suspensión del proceso de extradición responde a la intención del Ejecutivo de priorizar escenarios de sometimiento y negociación, en un contexto donde el Gobierno evalúa el papel de este grupo dentro de los acercamientos para reducir la violencia y el control territorial de economías ilegales.
Una decisión ligada al proceso de paz
De acuerdo con lo conocido, alias Araña es requerido por autoridades judiciales extranjeras por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico, sin embargo, el Ejecutivo consideró que su eventual salida del país podría afectar los avances en las conversaciones que se adelantan con este grupo armado.
Desde el Gobierno se ha reiterado que la suspensión de extradiciones no implica impunidad, sino una herramienta condicionada a compromisos verificables, como el cese de actividades ilegales, la no repetición y la contribución a la verdad.
Impacto en territorios de frontera
Los Comandos de Frontera han tenido influencia en departamentos del sur del país, donde confluyen rutas del narcotráfico, minería ilegal y disputas armadas. Analistas señalan que la permanencia de su máximo jefe en Colombia podría facilitar eventuales acuerdos humanitarios, aunque también genera debate por el mensaje que se envía en materia de justicia y cooperación internacional.
Organizaciones de víctimas y sectores políticos han pedido claridad y control institucional sobre este tipo de decisiones, insistiendo en que cualquier beneficio debe estar atado a resultados concretos en materia de paz y seguridad.
Debate nacional por la extradición
La determinación del Gobierno reavivó la discusión sobre el uso de la extradición como herramienta contra el crimen organizado y su compatibilidad con los procesos de paz. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como estratégica, voces críticas advierten riesgos de debilitamiento del sistema judicial.
El futuro jurídico de alias Araña dependerá del cumplimiento de los compromisos asumidos y de la evolución del proceso de diálogo impulsado por el Gobierno nacional.