El Gobierno de Gustavo Petro anunció la delimitación de nuevos distritos mineros en el departamento de Nariño, una medida que busca ordenar la actividad minera, impulsar la formalización del sector y promover oportunidades económicas en territorios históricamente afectados por la informalidad y la violencia.
La decisión fue adoptada por el Ministerio de Minas y Energía y contempla la delimitación de los distritos mineros del Triángulo de Telembí y Abades, zonas que concentran una importante tradición minera, especialmente relacionada con la extracción de metales preciosos como el oro. La estrategia hace parte de la política del Gobierno nacional para impulsar la formalización minera y avanzar en procesos de desarrollo productivo en regiones del país.
Territorios priorizados para la organización minera
El distrito minero del Triángulo de Telembí abarca municipios como Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, en el Pacífico nariñense, una zona donde históricamente se ha desarrollado minería de pequeña y mediana escala. Según diagnósticos técnicos, en esta región se han identificado importantes reservas de oro, plata y otros minerales asociados, lo que ha convertido a la actividad minera en uno de los principales motores económicos locales.
Por su parte, el distrito minero Abades incluye municipios como Samaniego, La Llanada, Los Andes, Mallama y Santacruz. Estas localidades concentran títulos mineros activos y un potencial importante para la explotación de minerales estratégicos, especialmente oro, lo que ha llevado al Gobierno a impulsar un modelo de planificación que permita combinar la minería con otras actividades productivas.
Formalización minera y construcción de paz
Desde el Gobierno nacional se ha señalado que la creación de estos distritos busca avanzar en la formalización de los pequeños mineros, reducir la minería ilegal y generar condiciones para el desarrollo sostenible en las regiones. La iniciativa también contempla la participación de comunidades indígenas, afrodescendientes y organizaciones locales en la planificación del sector.
La estrategia incluye la creación de mesas de trabajo interinstitucionales y planes de gestión que permitan ordenar la actividad minera, promover la diversificación económica y fortalecer la presencia del Estado en territorios donde históricamente han existido economías ilegales. Con estas medidas, el Gobierno busca convertir la minería en una actividad regulada que contribuya al desarrollo regional y a la construcción de paz en el suroccidente colombiano.
