Un nuevo cargamento de carbón colombiano con destino a Israel ha provocado una fuerte controversia en el país, luego de que se conociera que el buque fue autorizado por el propio Gobierno, a pesar de que el presidente Gustavo Petro había decretado públicamente la prohibición de estas exportaciones desde agosto de 2023. La situación ha generado confusión, reclamos de sectores sindicales y una creciente presión política en torno al cumplimiento del Decreto 1047 de 2024, que impide expresamente la venta de carbón al Estado israelí, en rechazo a su accionar militar en Gaza.
El Ministerio de Trabajo confirmó este jueves la salida del buque desde el puerto de Puerto Nuevo, en Ciénaga (Magdalena), rumbo al puerto de Hadera, en Israel. Antonio Sanguino, titular de esa cartera, declaró que se abrirá una investigación para verificar los hechos y revisar si se ha incurrido en una violación directa del decreto presidencial. El ministro aseguró que se comunicará con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como con la Casa de Nariño, para determinar si se requiere tomar nuevas medidas frente a lo ocurrido. “Se debe evaluar qué decisiones corresponden en virtud de la posible violación de lo estipulado en el decreto que prohíbe exportar y vender carbón a Israel, responsable del genocidio en Gaza”, afirmó.
Sin embargo, la controversia se intensificó tras una investigación publicada por el diario El Tiempo, que reveló que la autorización para dicha exportación fue otorgada por el propio Gobierno Nacional, bajo lo estipulado por una resolución firmada el 24 de octubre de 2024. El documento, emitido por el Ministerio de Comercio, establece que la empresa Drummond, operadora del puerto de embarque, cuenta con una “situación jurídica consolidada” y una “expectativa legítima” para continuar con sus envíos de carbón térmico hacia Israel. La resolución específica que dicha autorización se encuentra vigente desde el 20 de agosto de 2024 y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2028, amparada por las disposiciones de la Resolución 1125 y el mismo decreto presidencial.
Una fuente del comité técnico que aprueba estos permisos, integrado por el Ministerio de Comercio, la Dian y la Agencia Nacional de Minería, explicó que legalmente no existe base para frenar las exportaciones aprobadas antes de la entrada en vigor de nuevas restricciones, ya que estas se amparan en contratos firmados con anterioridad. Por su parte, Drummond aseguró en un comunicado que sus exportaciones están debidamente registradas y autorizadas por las autoridades colombianas competentes, y que han cumplido con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente.
La polémica también ha reavivado el debate sobre el tipo de carbón que se exporta a Israel. Mientras el presidente Petro ha sugerido que el mineral es utilizado con fines bélicos, algunos expertos, como el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, han salido al paso para desmentir esa versión. Según Acosta, el carbón exportado por Colombia es del tipo térmico, usado en la generación de energía, y no metalúrgico, que sí tiene aplicaciones en la industria militar. “Está fuera de lugar afirmar que con el carbón colombiano se fabrican bombas. Esa es una afirmación equivocada y políticamente irresponsable”, señaló.
Mientras tanto, los trabajadores del sector carbonífero, especialmente en la región Caribe, han manifestado su preocupación por las posibles consecuencias económicas de estas restricciones. Sindicatos y gremios han alertado sobre los riesgos laborales y comerciales que implicaría cerrar mercados estratégicos como el israelí, donde aún hay contratos vigentes y compromisos pactados antes de la decisión presidencial.
La situación pone al Gobierno en una encrucijada jurídica y política. Por un lado, mantiene un discurso fuerte de condena al conflicto en Gaza y ha defendido la necesidad de tomar medidas simbólicas y materiales contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Por el otro, debe responder ante la evidencia de que, al menos de manera parcial, su propia administración autorizó la salida de carbón con rumbo a ese país, generando una contradicción que ya es objeto de fuertes críticas desde distintos sectores.
El caso está lejos de cerrarse. La investigación anunciada por el Ministerio de Trabajo apenas comienza, mientras que desde el Congreso ya se anuncian debates de control político para esclarecer por qué, pese a la prohibición pública, el comercio con Israel continúa por vías oficiales. Por ahora, la controversia revela tensiones internas dentro del Ejecutivo y plantea dudas sobre la coordinación interinstitucional al aplicar una política exterior con implicaciones económicas directas.