Por: Katherine López
El Ministerio del Trabajo expidió oficialmente el Decreto 0581 del 5 de junio de 2026, una estricta normativa que busca poner freno definitivo al uso irregular de la subcontratación y garantizar los derechos de miles de trabajadores en el país. Con esta medida, las empresas que utilicen intermediarios de manera fraudulenta para evadir sus obligaciones contractuales directas se enfrentarán a sanciones económicas sin precedentes.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, fue tajante al anunciar la expedición de la norma, asegurando que «se acabó el abuso de disfrazar empleos permanentes como contratos temporales».
¿Qué cambia con el nuevo decreto?
La nueva regulación adiciona un capítulo clave al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015) y establece herramientas contundentes para los inspectores de trabajo. Estos son los puntos más críticos de la reforma:
- Multas históricas: Las empresas infractoras se exponen a sanciones económicas que pueden alcanzar los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) —lo que equivale a más de $8.700 millones de pesos en 2026—. Además, se contemplan suspensiones de actividades y revocatorias de licencias.
- Presunción de laboralidad: A partir de ahora, si un trabajador externo desempeña de forma permanente funciones esenciales del objeto social de la empresa, la ley inicialmente asumirá que existe una relación laboral directa. Será la compañía la que deba demostrar con pruebas objetivas que el contratista es realmente independiente.
- Evaluación por indicios: Para identificar el fraude, el Ministerio del Trabajo analizará factores de la realidad del día a día, como si los trabajadores usan el correo corporativo, la maquinaria, el software o si reciben órdenes directas y horarios de la empresa usuaria y no de su contratista.
La aclaración del Gobierno: El decreto no prohíbe la tercerización legal ni la operación legítima de las Empresas de Servicios Temporales (EST). Lo que persigue y castiga con severidad es el uso de estas figuras como una fachada para precarizar el empleo y despojar a los trabajadores de sus garantías laborales y libertades sindicales. La norma ya entró en vigencia y abre un periodo de fuerte vigilancia y control en todos los sectores productivos del país.
