El Ministerio de Transporte manifestó su desacuerdo frente al aumento de $350 en el pasaje del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y TransMilenio, calificando la medida como excesiva e injustificada. A través de un comunicado, la entidad advirtió que el ajuste del 10,9%, que elevaría la tarifa de $3.200 a $3.550, supera ampliamente el incremento anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), parámetro que históricamente se ha usado como referencia técnica para estos cambios en el transporte urbano.
Desde el Gobierno Nacional se recalcó que el aumento del salario mínimo, aunque debe tenerse en cuenta, no puede convertirse en el único argumento para trasladar de manera automática mayores costos a los usuarios, quienes ya enfrentan dificultades económicas en otros ámbitos.
Evaluación integral de costos y no ajustes automáticos
De acuerdo con el análisis preliminar del Ministerio, los gastos laborales representan solo una parte del modelo financiero del sistema, el cual debe evaluarse junto a otros factores clave como la eficiencia operativa, la renegociación de contratos con operadores, la modernización de la flota, la reducción de la evasión y el funcionamiento de los subsidios.
La cartera señaló que enfocarse únicamente en el componente salarial no justifica un incremento directo en la tarifa sin un estudio financiero riguroso, transparente y que evidencie previamente acciones de optimización interna.
Aunque la ley otorga a las autoridades locales —en este caso la Alcaldía de Bogotá y la junta directiva de TransMilenio S.A.— la facultad de definir las tarifas, el Ministerio aseguró tener competencia técnica para evaluar la razonabilidad de estos incrementos, especialmente considerando que la Nación cofinancia gran parte de la infraestructura del sistema y aporta recursos al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).
Solicitud de información detallada y control fiscal
En el marco de su labor de supervisión, el Ministerio de Transporte, junto con la Superintendencia del sector, solicitó a TransMilenio S.A. un informe detallado y auditado sobre su estructura de costos operativos, administrativos y de inversión de los últimos dos años. Este documento será clave para emitir un concepto definitivo sobre el alza tarifaria.
La revisión cobra mayor importancia tras la firma de convenios entre el Gobierno Nacional y el Distrito para la compra gradual de buses eléctricos en Bogotá y Soacha, inversiones que impactarán directamente el FET y los costos futuros del sistema.
Según el comunicado, el objetivo principal es asegurar que cualquier ajuste en el pasaje sea proporcional, debidamente sustentado y acorde con la realidad económica de los usuarios, especialmente de aquellos con menores ingresos, garantizando así principios de equidad y justicia social.
Sostenibilidad financiera vs. acceso ciudadano
Este cruce de posturas refleja el debate permanente entre la sostenibilidad económica de los sistemas de transporte masivo y la capacidad de pago de los usuarios. Mientras las autoridades distritales defienden la necesidad de cubrir costos crecientes para mantener y ampliar el servicio, el Gobierno insiste en que deben agotarse primero todas las alternativas de eficiencia interna.
La decisión final marcará un precedente para otras ciudades del país y definirá el rumbo de la regulación tarifaria, en un contexto donde la movilidad justa y sostenible es clave para el desarrollo urbano.
