Después de 16 años sin modificaciones, el Gobierno nacional de Colombia, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, presentó la actualización de la Política Nacional del Agua, una estrategia que orientará la gestión del agua en el país hasta el año 2050. Esta nueva política reemplaza la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, vigente desde hace más de una década, con el propósito de responder a los desafíos actuales derivados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las necesidades de una gestión más participativa y equitativa del agua.
El nuevo enfoque plantea un cambio importante en la forma de entender y administrar este recurso. En lugar de considerar el agua únicamente como un recurso natural que debe ser aprovechado y administrado, la política la reconoce como un bien común esencial para la vida, el bienestar de las comunidades, la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible. Además, propone que el agua sea un eje central en el ordenamiento del territorio, de manera que las decisiones sobre el uso del suelo y el desarrollo tengan en cuenta la protección de las fuentes hídricas.
De acuerdo con la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, esta política constituye una hoja de ruta de largo plazo basada en principios como la justicia hídrica, la justicia ambiental y la corresponsabilidad entre el Estado, las comunidades y los diferentes sectores de la sociedad. El objetivo es proteger el patrimonio hídrico del país mediante un trabajo conjunto que garantice un uso sostenible y equitativo del agua.
La política se estructura en cuatro pilares fundamentales. El primero es Gobernanza y conocimiento para la justicia ambiental hídrica y el ordenamiento del territorio alrededor del agua, que busca fortalecer la investigación, la generación de información y la toma de decisiones relacionadas con el agua, además de integrar estos aspectos en la planificación territorial.
El segundo pilar es Agua para la vida, orientado a la conservación, restauración y protección de los ecosistemas que hacen posible el ciclo del agua, como páramos, humedales, bosques y cuencas hidrográficas. Con ello se pretende garantizar la disponibilidad del recurso para las generaciones presentes y futuras.
El tercer pilar, Agua para la gente, tiene como finalidad garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental para todas las personas y territorios, promoviendo una distribución más justa y priorizando el consumo humano y las necesidades básicas de las comunidades.
El cuarto pilar es Agua para la adaptación, la transición y la gestión del riesgo, que busca fortalecer la capacidad del país para enfrentar los efectos del cambio climático, como sequías, inundaciones y otros fenómenos asociados al agua, mediante acciones de prevención, adaptación y reducción del riesgo.
Otro aspecto destacado es que la política fue construida mediante un amplio proceso participativo. Según el Ministerio de Ambiente, 1.131 personas participaron en más de 40 espacios de diálogo, en los que intervinieron autoridades ambientales, institutos de investigación, representantes del sector privado, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas y otros grupos sociales. Durante el proceso también se recibieron y respondieron 1.308 observaciones, las cuales fueron analizadas e incorporadas en la versión final del documento.
En conclusión, esta actualización de la Política Nacional del Agua representa un esfuerzo por modernizar la gestión del recurso hídrico en Colombia con una visión de largo plazo hasta 2050. La estrategia busca proteger las fuentes de agua, conservar los ecosistemas, garantizar el acceso al agua para toda la población, fortalecer la participación ciudadana y mejorar la capacidad del país para enfrentar los impactos del cambio climático, promoviendo un desarrollo sostenible basado en la protección del patrimonio hídrico nacional.
