El Consejo Nacional de Estupefacientes derogó la Resolución 6 de 2015, norma que había ordenado suspender el uso del glifosato mediante aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos.
La decisión abre nuevamente la posibilidad de utilizar esta herramienta dentro de la estrategia del Estado contra los cultivos de coca y otras plantaciones ilícitas. Sin embargo, esto no significa que la fumigación pueda comenzar automáticamente, ya que deben cumplirse las condiciones establecidas por la Corte Constitucional.
La Corte, mediante la sentencia T-236 de 2017, estableció que una eventual reanudación del programa debía estar acompañada de medidas legales y reglamentarias para evaluar y controlar los posibles impactos sobre la salud y el medio ambiente.
El tema genera un amplio debate en Colombia. Sus defensores consideran que la aspersión puede ser una herramienta para combatir los cultivos ilícitos en zonas donde la erradicación manual resulta difícil. Sus críticos, por su parte, han advertido sobre los posibles efectos ambientales y sanitarios asociados al uso del herbicida.
El Gobierno también ha desarrollado otras estrategias para enfrentar los cultivos ilícitos. En diciembre de 2025, por ejemplo, autorizó la erradicación focalizada mediante drones, bajo controles técnicos y ambientales, diferenciándola de la aspersión aérea masiva con aeronaves tripuladas.
La decisión ocurre mientras Colombia mantiene una política de drogas que busca combinar la reducción de cultivos ilícitos con acciones sociales y económicas en los territorios afectados. El Ministerio de Justicia señala que la actual Política Nacional de Drogas 2023-2033 prioriza la protección de la vida, las comunidades y la transformación territorial.
Por ahora, la ruta fijada por la Corte Constitucional continúa siendo fundamental para determinar si y bajo qué condiciones podría retomarse la aspersión aérea con glifosato.
