Las conversaciones incluirían a estructuras criminales como Los Costeños y Los Pepes, lideradas por alias “Castor” y Digno Palomino. De acuerdo con la información conocida, el Ejecutivo buscaría instalar las mesas de diálogo sociojurídico incluso fuera del Atlántico, específicamente en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, donde permanece recluido alias “Castor”. El objetivo sería “blindar” el proceso frente a tensiones políticas y diferencias con autoridades locales como la Alcaldía de Barranquilla. Las negociaciones han generado controversia porque coinciden con la recta final del gobierno y el ambiente electoral previo a los comicios presidenciales del 31 de mayo de 2026. Analistas consultados por medios nacionales advierten que cualquier avance podría interpretarse políticamente y convertirse en tema central de campaña. El delegado gubernamental Camilo Pineda aseguró recientemente que la meta sigue siendo instalar un “espacio de diálogo sociojurídico” con estas estructuras armadas urbanas y presentar propuestas concretas de sometimiento a la justicia. Sin embargo, expertos en seguridad y conflicto han advertido que el proceso enfrenta varios obstáculos: Falta de un marco jurídico claro para negociar con bandas criminales. Poco respaldo de autoridades regionales. Persistencia de delitos como extorsión y narcotráfico. Riesgo de instrumentalización electoral. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la apuesta de “paz urbana” busca reducir homicidios y violencia en Barranquilla y el Atlántico, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo ni una fecha oficial para la instalación formal de las mesas.
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11 mayo, 2026 11:10 am
